En busca de la economía sumergida

El pragmatismo al poder. La medida fija su éxito en la recaudación de 3.250 millones de euros. En primer lugar mediante el ingreso de 2.500 millones que el Gobierno pretende ingresar procedentes de un tipo del 10% a lo no declarado por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El plazo para acogerse a la medida expira el 31 de noviembre. Los 750 millones de euros restantes provendrán de un «gravamen especial» del 8% a aquellas empresas que repatríen dividendos o rendimientos del capital obtenidos en paraísos fiscales.

Según el Ejecutivo, no habrá tabla rasa para todos los evasores de impuestos. El perdón tributario no podrá ser concedido a aquellos contribuyentes investigados por Hacienda y desde el Gobierno explican que, además, se evitará que se regularice el dinero procedente de actividades ilícitas como el terrorismo o el tráfico de drogas.

Si el coste político de una hipotética subida del IVA se ha evitado, solo lo ha hecho manera parcial. El propio Partido Popular lamentó en 2010 que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se plantease una amnistía fiscal. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, recordó hace unos días que la medida propuesta por el Ejecutivo socialista era diferente, ya que no entrañaba impuesto ni penalización alguna, al pretender regularizar el dinero mediante la compra de deuda pública . Pero los dardos dirigidos contra el Ejecutivo continúan. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, señala que la medida es anticonstitucional, al oponerse a los principios de justicia, igualdad y progresividad del sistema tributario defendidos en el artículo 31 de la Carta Magna. Sin embargo, desde la Federación Española de Asociaciones Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) apuntan que es una medida «valiente» y «necesaria». Todo sea en pos del objetivo de déficit del 5,3% del PIB fijado por Bruselas.

«El espíritu de esta decisión es claro, no dañar el consumo», apunta Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada. Si la economía española no permite hacer un ajuste del 5,3% en medio de una recesión, el planteamiento del Gobierno de Mariano Rajoy es aumentar la actividad a través de la regularización de una parte de la economía sumergida. Según la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), el «dinero negro» en España supone un 24% del PIB nacional, esto es, 240.000 millones de los cuales el Gobierno pretende regularizar casi una décima parte, 25.000 millones de euros. Así, España es uno de los países europeos con mayor fraude fiscal, junto a Italia y Grecia.

Pero, ¿es viable el objetivo de recaudación fijado en 3.250 millones de euros? En otras ocasiones no se cumplieron los objetivos. Esta será la tercera amnistía fiscal aprobada en España. La primera, aprobada en 1984 con Miguel Boyer como ministro de Economía, ofreció a los defraudadores de Hacienda la posibilidad de regularizar lo declarado mediante la compra de pagarés del Tesoro Público , sin penalización fiscal alguna, al mismo tiempo que endurecía las leyes contra los evasores de impuestos. La segunda, aprobada por el ex ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, en 1991 ofrece más datos. La decisión permitió que aflorasen 9.000 millones de euros ocultos al Fisco hasta la fecha mediante el canje de Pagarés del Tesoro por títulos de deuda pública con un tipo de interés inferior.

Esta reforma se acompañó de medidas en la lucha contra el fraude como la creación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Sin embargo, la experiencia no es halagüeña: la recaudación no fue la prevista y en 1992 subió el IVA. Situación tabú, por tanto.

Desde el lado internacional, el Gobierno, señala que la amnistía fiscal se aplica siguiendo los dictados de la OCDE en la lucha contra el fraude y repatriación de capitales. El organismo cita la experiencia de países como Italia, Alemania, Portugal o Bélgica para avalar el perdón tributario, si bien solo lo defiende como una «medida excepcional». En el entorno europeo, los casos de amnistías fiscales abundan, lo que ha sido tenido muy en cuenta por el Ejecutivo de Rajoy a la hora de plantear la medida, con tal de asegurarse el respaldo internacional.

De esta forma, Bruselas ya ha dado el visto bueno a la decisión del Ejecutivo español: el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, declaró que las autoridades comunitarias no discutirán la medida, ya que puede ser «útil» a efectos recaudatorios. Europa ha sido un buen campo de pruebas observando las distintas experiencias. En gran parte de los casos que se ha aplicado un perdón tributario se ha hecho mediante el pago de un tipo ventajoso, como es el caso español actual, que ha oscilado entre el 2,5% aplicado por Italia entre 2002 y 2004 hasta el 25% de Alemania en 2004 (ampliado en 2005 al 35%). Otros Gobiernos han permitido la regularización de capitales a cambio de la compra de deuda pública del país.

Desde el año 2000, numerosas amnistías se han sucedido en Europa. Portugal ha aplicado hasta tres tipos de perdones fiscales mientras que Italia, Grecia, Bélgica, Reino Unido o Alemania cuentan con dos. A priori, en cuanto a recaudación, el caso más exitoso es el del Gobierno italiano que logró sacar a la luz 95.000 millones de euros gracias a la amnistía fiscal que aprobó en 2009, mediante el pago de un 5% de lo declarado. Con la medida, el Ejecutivo de Silvio Berlusconi logró recaudar 5.600 millones de euros. Unos años antes, el país logró 2.100 millones de euros por el perdón tributario de 2001.

El otro gran ejemplo es el de Alemania, que regularizó capitales ocultos entre 2004 y 2005 previo pago de un 25% y un 35% (en 2005) de lo declarado. Entonces el país germano recaudó 901 millones. En 2004 Grecia logró sacar a la luz un montante «oculto» similar al pretendido por el Gobierno español ahora. En ese caso fueron unos 20.000 millones de euros, con un tipo del 3% que permitió que las arcas helenas engordaran sus ingresos en 600 millones.

«Los ingresos obtenidos por las amnistías fiscales son inciertos. Un buen ejemplo es Alemania, donde se infló bastante lo recaudado por la amnistía fiscal de 2005», asevera Andrés Fuentes, economista de la OCDE, que advierte que una buena parte de los ingresos obtenidos por estos instrumentos son temporales. Y es que el diablo está en los detalles: según el organismo, la forma en que las amnistías fiscales están diseñadas es «crucial» para que tenga éxito o no. «Se ha comprobado que si los tipos a los capitales son muy altos, la regularización apenas es efectiva: la única vía de aflorar de forma rápida la economía sumergida parece ser mediante tipos reducidos», afirma Carbó. En el caso español, de entre un 8% y un 10%.

El contexto internacional en lucha contra el fraude también es decisivo para decidir el éxito recaudatorio de una amnistía fiscal. Y todo hace indicar que la española llega en buena hora. «La lucha creciente contra la economía sumergida en todo el mundo hace que sea el momento idóneo para aplicar una amnistía fiscal», señala Carbó. Debido precisamente a la crisis financiera y a las necesidades acuciantes de ingresos por parte de los estados, se han incrementado la persecución de los gobiernos contra los defraudadores. La cumbre del G-20 en Londres en 2009 fue el pistoletazo de salida en la lucha contra los paraísos fiscales y, desde entonces, han aumentado los acuerdos y la coordinación para poner coto a la economía sumergida mundial.

El caso de Suiza es el más llamativo. El aumento de controles ha llegado incluso al paraíso fiscal por excelencia y en 2014 ha acordado poner fin al secreto bancario sobre los titulares de las cuentas helvéticas. Esto podría beneficiar a la repatriación de capitales que persigue el perdón tributario español, una buena oportunidad para que los defraudadores regularicen su situación ante un escenario de presión internacional creciente y unos tipos ventajosos.

Y es que, según un informe de la firma de analistas Helvea que publicó el periódico francés «Le Parisien», los bancos suizos guardan unos 45.000 millones de euros de clientes españoles. Todo un filón para el Estado.El cerco se estrecha y a partir de 2013 entrarán en vigor los acuerdos bilaterales que Suiza firmó con Alemania y Reino Unido, ambos países podrán recuperar miles de millones de euros que contribuyentes nacionales han depositado durante años en el país helvético. Con este escenario favorable sobre el horizonte, Alemania aplicó una amnistía fiscal en 2010 y logró recaudar 4.000 millones de euros.

La última exigencia para que la medida funcione es el endurecimiento de las sanciones a posteriori. Ahora o nunca, el próximo viernes el Gobierno aprobará un Plan de Lucha contra el Fraude. Entre las medidas que se aplicarán figura el límite de uso de efectivo en transacciones comerciales, una fórmula inédita en España pero que en otros países como Francia (con un techo de 3.000 euros) o Italia (de 1.000 euros) ya se ha empleado con éxito para poner coto a los defraudadores.

Además, el Gobierno ya anunció que a partir de 2013, cuando expira el plazo para acogerse a la amnistía fiscal, se endurecerán las sanciones contra el fraude. España es el país de la OCDE que cuenta con mayores sanciones monetarias al fraude fiscal , con multas que pueden llegar a obligar al pago de hasta un 600% de los impuestos evadidos. Debido a ello, el endurecimiento del marco podría incidir en el verdadero cumplimiento y pago de dichas sanciones con posibles eliminaciones de las reducciones por pronto pago. En cuanto a las penas de prisión, en España se sitúan entre uno y cuatro años. Otros países nos superan como Alemania y Grecia (ambos con diez años) o Dinamarca (hasta ocho años).

«Quizá exista libertad y justicia para todos, pero las exenciones fiscales solo son para unos pocos», afirmó el economista norteamericano Martin A. Sullivan. Vistos los ambiciosos objetivos del Gobierno, parece que hay bastantes evasores. Bajo la sombra de la reducción de déficit, pocos ajustes quedan por hacer sobre la castigada economía real española. Ahora las miradas se dirigen a estos «pocos».