Doce millones de jubilados y funcionarios aún no saben cómo será su nómina de enero

La única mención a la revalorización de las nóminas de los jubilados está incluida en el escenario remitido hace unas semanas a Bruselas, en el que se explicaba que la subida que se aplicará a los jubilados el próximo ejercicio es del 0,9% , un alza con el que el Gobierno pretende garantizar el poder adquisitivo, lo también significa que estima una inflación inferior al 1% el próximo año. Este incremento de las pensiones complementará al alza del 1,6% aplicado este ejercicio en un entorno de clara desaceleración de los precios, y, de producirse, supondrá que el colectivo habría ganado en 2019 en torno a un 1% de poder adquisitivo, un beneficio que quedará consolidado este año cuando se aplique el alza del 0,9%, porcentaje que equivale a unos 9 euros para una pensión media y tendrá un coste de 1.404 millones. Esta subida, en principio, cubriría las exigencias de los de Pablo Iglesias, que apuestan por la actualización con el «IPC real», un mecanismo que se propone blindarlo por ley.

Pero ¿qué ocurrirá si el Gobierno sigue en funciones en diciembre ? Esta situación no impediría que pueda acometer la subida por la vía del decreto ley, como ya ocurrió con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que se aprobaron con la misma fórmula y estando en funciones. Fuentes cercanas al Ejecutivo consultadas por este periódico insisten en que están en plenas facultades para aprobar un real decreto ley, porque entienden que la subida de las pensiones es una medida de «urgente necesidad».

El presidente no está dispuesto a enfrentarse a los pensionistas, en pie de guerra desde que en 2017 comenzaran a movilizarse en el País Vasco, curiosamente donde se cobran las pensiones más elevadas de toda España. Sabe el poder que tienen y no puede permitirse que le pase factura. Este movimiento de protesta terminó siendo determinante en las maniobras previas a la moción de censura a Gobierno de Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. De hecho, el expresidente le ofreció al PNV un acuerdo presupuestario con una oferta cuya trascendencia e impacto económico no tardará en impactar en el ya débil sistema de pensiones: aceptó prescindir del Índice de Revalorización de las pensiones en 2018 y 2019, y cedió a posponer hasta 2023 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad que tendría que haberse aplicado este mismo año.

Junto a ello entra otra variable que también repercute en que Sánchez incluyera en el programa del PSOE y anunciara en un mitin que subiría las pensiones en diciembre. Ningún partido estaría dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional la subida de nueve millones de pensionistas o la de tres millones de empleados públicos, pese a los límites de un Gobierno en funciones de utilizar la vía del decreto-ley para aprobar medidas.

¿Qué plazos maneja Sánchez? Lo más probable es que utilice el último Consejo de Ministros, que tendrá lugar el viernes 27 de diciembre, para dar el visto bueno a los incrementos que le habiliten para saltarse la ley del PP que establece que las pensiones públicas subirán solo un 0,25% siempre que la Seguridad Social esté en números rojos, como ocurre en la actualidad. Un déficit de unos 18.000 millones y una deuda de 50.000 millones tienen contra las cuerdas a un sistema que cada año empeora sus cuentas.

Ese último Consejo también se aprovechará decidir las bases de cotización y la subida del salario mínimo, la misma rutina que en 2018. Entonces se aprobó un «macrodecreto» en el que se incluyó la subida del 1,6% de las pensiones (3% para las mínimas) y el alza del 7% de la base máxima de cotización, además de una penalización para los contratos de corta duración.

Subir las cotizaciones es la medida más efectista para lograr ingresos, dado que cuanto más amplia sea la base de cotización, mayor será la aportación que tendrán que hacer los empresarios por sus empleados y, en menor medida, los trabajadores. Fuentes consultadas aseguran que es más que probable que para el año próximo el Ejecutivo recuerra de nuevo a subir los impuestos al empleo, hoy 6,6 puntos porcentuales mayores que la media de la UE.

En el caso de los empleados de la Administración, el ministro de Función Pública, Luis Planas, señala que hasta que no se conforme un nuevo gobierno no se aprobará la subida del 2%, de forma que si se hace después del 1 de enero, el incremento se articulará de forma retroactiva para que se aplique desde dicho día. Una estrategia que eleva la presión hacia los grupos políticos para conformar gobierno, si bien desde fuentes del Ejecutivo señalan que llegado el caso lo podrían aprobar en funciones como decreto-ley apelando a la «urgente necesidad».

Ante la negociación política, el escenario ahora parece que se orienta a que se forme un Ejecutivo antes. Tanto CSIF como CC.OO. han convocado movilizaciones para pedir al Ejecutivo que apruebe esta subida ya . Este año los sueldos públicos han aumentado un 2,5%, pero para el próximo año el incremento que pactaron sindicatos y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recogía que este año el porcentaje fijo fuera menor. La subida se podía complementar con una parte que depende del crecimiento del PIB -que el próximo año suponía un punto-. Si la economía crece en 2019 un 2,1% como augura el Gobierno, los empleados públicos recogerían un aumento salarial adicional del 0,2% -equivalente a algo más de 300 millones-. Sin embargo, si crece un 2% como cree el consenso de analistas que recopila Funcas, no habría subida adicional más allá de este 2%.

Como fuere ambas medidas fueron incluidas por el Gobierno en la hoja de ruta que remitió a Bruselas para el próximo año. El plan presupuestario de 2020 recoge que el Ejecutivo gastará en ambas medidas 4.668 millones de euros : 3.264 millones en la subida de los empleados públicos y 1.404 millones para la subida de un 0,9% de las pensiones.