El diluvio que viene

...Y mucho menos en España, de nuevo en clara recaída. Atrás, muy lejos, quedan los ya famosos «brotes verdes» que hace un año quiso ver la ministra Elena Salgado. Ahí están los datos, rotundos, que han infartado a los inversores; el último, el balance bursátil de agosto. El Ibex cerró el mes con retroceso del 9,47%, el peor resultado en 13 años tras un mes en el que Estados Unidos vivió la histórica pérdida de la triple «A» y el BCE se vio obligado a realizar una intervención sin precedentes en los mercados de deuda para evitar un ataque a gran escala sobre España e Italia, lo que, a juicio de muchos analistas, ha sido claramente un rescate encubierto; de hecho unos meses antes lo hizo con Grecia, Irlanda y Portugal, tres países rescatados de las garras de la crisis.

El virus griego se extendió como una mancha de aceite por los países de la periferia europea. Italia tembló e hizo temblar al euro y a los países más débiles de la zona entre los que una vez más se encuentra España.

Los vientos de Europa obligaron al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a aprobar una reducción del 8% al 4% del IVA que se aplica a la compra de vivienda nueva. La medida forma parte de un plan económico para la reducción del déficit público y la consolidación fiscal, que incluyó también una racionalización del gasto farmacéutico a través de la obligación de recetar por principio activo y una reforma parcial del Impuesto sobre Sociedades, que aumenta el pago a cuenta de las grandes empresas y que ha puesto en pie de guerra al sector empresarial. La patronal CEOE advirtió de que el cambio restará capacidad financiera a las compañías, lo que dificultará aún más los esfuerzos de estas por salir de la crisis.

Después llegarían las nuevas medidas laborales aprobadas en el mes de agosto con un precario contrato de aprendizaje para jóvenes de hasta 30 años, la suspensión del límite de dos años para encadenar contratos temporales o la prórroga de la ayuda de 400 euros para los parados que no cobran ninguna prestación. Y tras las laborales, una reforma de la Constitución pactada entre PSOE y PP para limitar el déficit público y la deuda en la Carta Magna, para prohibir a las administraciones públicas que gasten lo que no tienen. Un paso adelante que ha soliviantado los ánimos sindicales, empeñados en hacer del otoño en España un periodo más que caliente por entender que la revisión constitucional pone en serio peligro el Estado del Bienestar. Y si a ello le unimos la celebración de elecciones generales el próximo mes de 20 de noviembre, el fin del verano llegará de lo más agitado.

El presidente Zapatero puso fin a la legislatura en contra de su voluntad política, tantas veces expresada con un leve respiro en unos sondeos que auguran un duro varapalo en los comicios para el Partido Socialista. El presidente, con la reforma de las pensiones, consideró que había cerrado su etapa política y culminó las reformas anunciadas en mayo de 2010 empujado por una crisis que le obligaría a renunciar a la principal bandera política, la social. Recorte del sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones, despido más fácil y más barato...

¿Y tras las elecciones? El adelanto electoral supone un nuevo escenario macroeconómico para el país. Y el partido que gobierne deberá emprender las reformas necesarias para hacer frente a la actual recesión, advierte Javier Díaz Giménez, profesor del IESE. «El nuevo gobierno tiene que aplicar medidas concretas para responder al crecimiento lento de la economía y a los últimos datos de empleo. Y no se debe caer en el populismo fácil», avisa.

¿Qué hacer? Muchos son las medidas y reformas pendientes, aunque unas más que otras. Son mayoría los expertos que advierten de que es necesario ir mucho más allá en la reforma del mercado de trabajo, de dotar a la legislación de los resortes de flexibilidad necesarios para animar el empleo. «Visto el altísimo paro en general y juvenil en particular, harán falta nuevas medidas más radicales de flexibilización del mercado de trabajo», asegura Mario Weitz.

Pasos más firmes en la reforma de la negociación colectiva son ahora más demandados que nunca, con protagonismo indiscutible para el convenio de empresa, de forma que el empresario pueda más fácilmente adecuar el rumbo de la empresa a situaciones de crisis. Los populares son firmes defensores de esta reforma, aunque se guardarán mucho de que no se produzcan situaciones de ruptura de la unidad de mercado en este asunto, como ocurrirá tras las cesiones del Gobierno al PNV para potenciar los convenios autonómicos en pago a su apoyo a la reforma.

Ha sido una recomendación de los Veintisiete, de la canciller alemana, de expertos y empresarios porque, coinciden, ligar salarios a la productividad es el camino más corto para resucitar la anémica competitividad y para contener los precios, una receta adecuada sobre todo para países como España, con tensiones inflacionistas acechando la economía. Pero ha sido una materia en la que no se han puesto de acuerdo los agentes sociales y que tampoco comparte y defiende el Gobierno, al menos, el ministro de Trabajo. Desde la patronal CEOE se aboga porque «hay que olvidarse» para siempre de los salarios fijos «indexados» con el IPC y hablar de conceptos variables, entre los que cita el absentismo laboral, que el empresario podría repercutir en los sueldos. Los sindicatos, sin embargo, advierte de que si de lo que se «pretende es utilizar la productividad para recortar salarios que con nosotros no cuenten».

Los expertos consultados no son muy partidarios de gravar más las rentas a «los ricos», pero Grecia y Portugal lo han hecho; Francia, también, Italia dio los pasos pero desandó el camino y en Alemania los ricos se han ofrecido para llevarlo a cabo, un gesto que no viene nada mal con la que está cayendo. ¿Y España? El proyecto para elevar la contribución de los más ricos en la recta final de la actual legislatura estaba prácticamente cocinado en el Ejecutivo porque había caminos tan simples como eliminar la exención del 100% vigente en el Impuesto sobre el Patrimonio, o la opción de elevar el tipo marginal en el IRPF para los tramos de ingresos más elevados. Pero el presidente descartó introducir cambios fiscales en lo que resta de legislatura y dejar la iniciativa para el candidato Rubalcaba, que recuperará el Patrimonio en su programa electoral.

¿Y el PP? González Pons ha defendido que «no estaría de más» que los ricos españoles actuaran como los 16 grandes empresarios de Francia que pidieron pagar más impuestos. Sin embargo, el PP es contrario a recuperar Patrimonio; no es partidario de «ninguna subida de impuestos».

«Los impuestos tienen dos caras. Se puede aumentar los ingresos pero se puede desincentivar la permanencia de esas fortunas en España. Aún así, estoy a favor en estos momentos de crisis, en los que los que más tienen deben aportar más. También lo estoy de la lucha contra el fraude fiscal a todos los niveles, donde aún hay mucho margen de mejora», advierte Santiago Carbó sobre una subida de los tributos.

Para Mario Weitz, «el debate sobre el impuesto a los ricos tiene algunos componentes populistas. Primero hay que definir cual es la renta de los ricos, para no afectar aun más a la sufrida clase media. Segundo, ver que impuesto se puede introducir sin afectar los incentivos a invertir ni a la fuga de capitales a paraísos fiscales y luego si será posible establecer algún impuesto que cumpla estos requisitos. Lo mejor es reducir déficit bajando el gasto en lugar de subir impuestos», dice.

El reto está en evitar duplicidades y situaciones de competencia desleal entre regiones, en buscar la coordinación interregional, evitar, en definitiva, la fragmentación de la unidad de mercado, que está generando problemas a los empresarios. En un reciente informe el Círculo de Empresarios y la CEOE defendían la unidad de mercado, al considerarla como un «aspecto decisivo» para impulsar la industria. Explicaban en el documento que la «fragmentación» de mercados regionales supone una pérdida de atractivo para la inversión, y le achacaba la caída de casi un 80% de la inversión extranjera directa en España durante 2009, cercana a niveles de 1992 y 1993.

Adelgazar la Administración es una prioridad para el principal partido de la oposición— no hay más que ver el férreo plan de ajuste de 1.815 millones aplicado por la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha—. El paso dado por Italia en la reducción de provincias y ayuntamientos también es compartido por economistas y juristas. El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, ha sido uno de los dirigentes que más activamente ha reclamado una atribución clara de competencias para las autonomías y las corporaciones locales, de las que reclama una reducción. El Círculo se ha mostrado partidario de reducir el número actual de municipios, 8.114, que considera «absolutamente excesivo» y revisar el papel de las diputaciones y de los cabildos.