Una década de la ley de autónomos

Los autónomos en estos diez años apenas han visto alteradas sus condiciones de trabajo, simplemente hemos puesto parches ante las situaciones más flagrantes y que casi siempre no han sido transcendentes para la mayoría del colectivo.

Se ha avanzado sin duda en los ámbitos de aplicación, régimen profesional, derechos básicos y fundamentales garantías económicas de una gran parte de los trabajadores por cuenta propia, además de los derechos colectivos que nuestro sector posee desde la entrada en vigor de la Ley 20/2017, si bien es cierto que en muchos aspectos de los anteriormente citados los avances continúan siendo claramente insuficientes para poder hablar de una regulación acorde con la importancia económica del autoempleo. En el haber de esta Ley podemos decir que ha sido ejemplo de responsabilidad política, siendo por tanto esta una Ley que gozaba del consenso mayoritario y necesario para emprender unas reformas de calado en el ordenamiento jurídico económico de nuestropaís.

Se iniciaba por tanto una situación de reconocimiento de esta nueva realidad económica que ya no debe tener retorno y que tendrá que seguir un camino de consolidación a lo largo del tiempo. Prueba de ello es la aprobación de la Ley 32/2010 por la cual se establece un sistema especial de cese de actividad, homólogo del subsidio por desempleo en los trabajadores por cuenta ajena, además de sendas reformas a través de Leyes o reglamentos que modificaron algún aspecto de las normas aplicables al respecto.

Sin embargo, el escenario económico paralizo durante años las grandes reformas que debieran haberse desarrollado en este tiempo.

En la actualidad tenemos la oportunidad de modificar sustancialmente el texto original de la Ley mediante la actual Ley de medidas Urgentes del Trabajo Autónomo que en estos momentos está siendo debatida en sede parlamentaria.

Es obligación de todos dar un empujón definitivo a las normas de aplicación, tenemos que ser capaces de conseguir centrar el debate y dejar a un lado cualquier interferencia que provenga del intercambio de enmiendas en otras Leyes. Es el momento de adoptar compromisos que desemboquen en decisiones valientes por parte de las administraciones. Los autónomos tenemos que ver mejorada la fiscalidad de nuestras actividades económicas, es inadmisible que los tipos impositivos arrojen una brecha fiscal de tal magnitud entre los que tributan por IRPF y los que lo hacen en Impuesto de Sociedades (IS) La cotización a la Seguridad Social continua siendo poco objetiva, puesto que exige el mismo esfuerzo contributivo a todos los autónomos por igual, sin atender los ingresos netos de cada uno de los sujetos.

La falta de un espacio común de dialogo permanente aún sigue siendo un tema no resuelto, si bien es cierto que el Estatuto en su origen ya establecía el Consejo del Trabajo Autónomo, la realidad es que no ha habido voluntad política para que vea definitivamente la luz. Esta situación en particular es la que más perjuicio está causando al colectivo. La falta de un espacio similar en su ámbito a la que ocupan Sindicatos y Patronal en el Diálogo Social hace que muchas decisiones que se adoptan por parte del Gobierno no siempre sean las correctas por falta de consenso. Mecanismos como la formación especializada, la cualificación progresiva de los profesionales es otro de los asuntos pendientes. La formación es el único instrumento que permite a un autónomo mejorar sus conocimientos prácticos y traducirlo en mejor rentabilidad de sus negocios.

En protección social tenemos que seguir con avances que nos permitan trabajar en mejores condiciones, mejorar el acceso al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional, en particular a la cobertura por accidentes “in itínere”, son ejemplos que muestran el camino de mejora que tenemos por delante