El contradictorio proceso de descarbonización de Portugal

Las dos principales eléctricas que operan al otro lado de la frontera, Endesa y la local EDP (Energía de Portugal), se han apuntado de manera fulminante a la onda descarbonizadora, que gana adeptos en progresión geométrica… pero esas mismas empresas sí mantienen la producción basada en el carbón en España.

Este es el caldo de cultivo para el anacronismo ya que Portugal importa de España el 10% de la electricidad que consume, así que la energía procedente del carbón sigue utilizándose en suelo portugués y, por tanto, el coste no ha desaparecido. Sin ir más lejos, la propia EDP continúa explotando la central que detenta en Aboño (Asturias), ya que abastece a la industria pesada de los alrededores. Eso sí, el Gobierno socialista no deja de airear que «Portugal es un país comprometido con la descarbonización», uno de los supuestos emblemas de la era sostenible.

La segunda parte de la ecuación se les esconde a los portugueses, con tal de exhibir que el territorio luso está aparentemente ‘libre’ de una carga de este calibre. Es el mismo caso que la energía nuclear, ya sin centrales en Portugal, pero que forma parte de ese mismo 10% que se adquiere a España.

Además, la escalada de precios relacionada con las diferentes modalidades de consumo energético ha obligado a las operadoras a reforzar los sistemas de producción en una época de alta demanda. O sea, no parece el momento más indicado para que Portugal pretenda apuntarse el tanto de una descarbonización efectuada de la noche a la mañana, sin pensar que tal vez pudiera ser precipitado. Para colmo, algunos expertos alertan de que los altos costes energéticos no van a desaparecer, más bien al contrario, con lo cual el bolsillo de los ciudadanos se va a resentir y la inflación seguirá creciendo. En Portugal, está ya en el 2,6% y en España se ha disparado hasta el 6,7%.

No se trata de estar a favor o en contra de la tan cacareada descarbonización, porque estamos ante un paso que reúne un consenso general. Pero sí es una cuestión de manejar bien los tiempos, algo que el país lusitano se ha saltado sin miramientos con tal de figurar en la antesala del podio imaginario del sector. Y todo porque la emblemática EDP adelantó dos años la fecha tope de 2023 al considerar que su central de Sines, en pleno Alentejo, ya había dejado de ser rentable.

De modo que España mira hacia 2030 como el año en que se alcanzará la descarbonización, mientras que los vecinos ibéricos se han lanzado a dejar su huella en este sentido ya en el 2021 que se nos ha ido.

Cierto que las centrales españolas de carbón ya han presentado la pertinente solicitud al Gobierno socialista de Pedro Sánchez para cerrar sus puertas lo antes posible, aunque el protocolo energético exige unos plazos y aún han de aguardar el consiguiente permiso. Hasta entonces, esas instalaciones han de mantener su funcionamiento, redoblado en el actual contexto con la intención de dar respuesta a la demanda de hoy, teniendo en cuenta que tanto el mercado libre como el regulado están absolutamente desbocados a lo largo de todo el territorio español.

De hecho, en Portugal se sorprenden de que se hayan batido récords como sobrepasar los 300 euros por megavatio y hora, una referencia desproporcionada a la que en absoluto se ha llegado en la patria del fado.

Los expertos lusos del sector destacan que la galopante crisis energética de estos días es la culpable de que no toda la península se suba al carro de la tendencia.

Los años 2030 y 2050 marcan las dos fechas clave para que España pueda continuar su camino sostenible con garantías de éxito. A largo plazo, el objetivo es que la energía verde arrincone a las hasta ahora consideradas convencionales a un 10% del mercado. El plan se dibuja más ambicioso que en Portugal, que de momento no ha hecho públicas sus previsiones más allá del periodo comprendido de aquí a ocho años. El primer ministro, Antonio Costa, no cesa de alardear por haber cerrado ya las centrales de carbón, pero oculta que no producir energía con esta raíz conlleva automáticamente pagar más por la que adquiere. Siempre con la vista en la reducción de las emisiones de CO2, para lo cual una de las batallas más pragmáticas pasa por impulsar la movilidad sostenible, nada desarrollada en territorio portugués.