El Consejo de Ministros aprueba elevar a casi 45.000 plazas «la mayor oferta pública de empleo de la historia»

A la cifra anunciada ayer por los sindicatos se suman nuevos puestos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para las Fuerzas Armadas, para la Administración de Justicia y para el CGPJ

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EP

24/05/2022
Actualizado a las 17:13h.

La mayor oferta de empleo público en la historia de la Administración General del Estado ascenderá finalmente a un total de 44.787 plazas para 2022 . A las cifras anunciadas ayer lunes por los sindicatos tras el acuerdo con el Ejecutivo se suman nuevos puestos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para las Fuerzas Armadas y para Justicia . Las plazas se dividen en un total de 34.151 de oferta ordinaria, un 12,2% más que en 2021, y 10.636 de oferta de estabilización.

En desglose, los puestos de oferta ordinaria se reparten en 25.471 para la Administración General del Estado (15.880 de ingreso libre y 9.591 de promoción interna) , 4.992 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 1.951 para las Fuerzas Armadas, 1.732 para la Administración de Justicia y otros cinco para el Consejo General del Poder Judicial.

Por su parte, a la oferta ordinaria se suman las más de 10.600 plazas para estabilizar a personal interino , 4.692 puestos corresponderán a la Administración General del Estado y 5.945 a la Administración de Justicia.

Desde Hacienda destacan que a estas dos oferta hay que añadir otras 18.149 plazas correspondientes a las tasas de reposición ordinaria y de estabilización ya aprobadas para las empresas y entidades del sector público institucional estatal tras el proceso de coordinación y seguimiento iniciado el pasado 23 de febrero.

Según explicó este martes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, se trata de «la mayor oferta pública de empleo de la historia». En base a este plan para atajar la temporalidad pública, antes de junio de 2022 todas las administraciones tendrán que publicar las ofertas públicas de estabilización del empleo temporal, no solo la Administración General del Estado, también las comunidades autónomas y ayuntamientos . Así, las plazas deberán convocarse antes de diciembre del año en curso para que los procesos estén terminados y las plazas adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024.

La ministra destacó que esta oferta de empleo nace del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública y «refleja la voluntad del Ejecutivo» de que las Administraciones Públicas cuenten con los recursos necesarios y de estabilidad laboral . «El Gobierno, dentro de su ADN más íntimo, tiene el de fortalecer las políticas públicas y para eso se necesitan trabajadores y estabilidad laboral», agregó Montero.

Pacto con sindicatos

Función Pública acordó ayer con los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF la aprobación de 29.578 plazas para 2022 , en la que ya era la mayor oferta de empleo público en la historia de la Administración General del Estado. Ahora se suman las miles de plazas destinadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Justicia. Los sindicatos destacaron ayer que cumple con lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado, donde se preveía un aumento de la tasa de reposición de efectivos en la administración general del Estado del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los demás sectores. De hecho, Montero recordó que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece una tasa de reposición del 110% con carácter general , que se eleva al 120% para los servicios esenciales y al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Por otra parte, el acuerdo con el Gobierno contempla agilizar los procesos selectivos a través del diálogo social. Con esta medida se pretende aproximar lo máximo posible el momento de incorporación de los nuevos candidatos a la publicación de las ofertas. De hecho, UGT criticó que en la actualidad desde que se publica la oferta hasta que la convocatoria se hace efectiva, el plazo de tiempo de espera puede llegar a demorarse más de dos años.