Las cifras que niegan que el Estado invierta poco en Cataluña

¿El Estado invierte poco en Cataluña? Un informe presentado esta semana por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) lo niega categóricamente y pone el énfasis en que lo importante para medir si una comunidad está maltratada por el Estado no es tomar los flujos anuales de inversión, sino el stock de lo ya destinado, ya que es lógico invertir más donde menos se ha destinado tradicionalmente, al margen de lo que supone el PIB de cada región.

El informe del IEE afirma que Cataluña tiene un stock relativo de infraestructuras en los últimos diez años que se corresponde adecuadamente con su peso en el PIB, el territorio y la población del conjunto de España. En concreto, tiene un 24,7% del stock público de inversión en ferrocarriles , el 19% en aeropuertos , un 16% en puertos y un 13,2% en carreteras , . Su población es el 16,3% del total, tiene un PIB que es el 19,1% y una superficie que representa el 6,3% del país.

A la luz de los datos del informe «es evidente que la inversión acumulada del Estado en infraestructuras de transporte en Cataluña a lo largo de los últimos diez años ha sido tan proporcionada a sus parámetros económicos relevantes como los de cualquier otra comunidad autónoma y, de hecho,más que en la mayoría de ellas». De hecho, de acuerdo al IEE, solo Andalucía supera a Cataluña en cuanto al stock relativo de inversión en infraestructuras, con un 15,3% del total, en la última década.

Si bien el stock en carreteras es el único que está abruptamente por debajo del peso de Cataluña en el PIB o en población, «se sitúa sustancialmente por encima de su peso en el territorio nacional », señala el IEE. Esta variable es fundamental en la planificación de la red de carreteras y de ferrocarriles, lo que explica, apunta el IEE, que sea la menor en Cataluña. Por comparar, Castilla y León, que es la comunidad más extensa de España con el 18,6% del total del territorio, ha recibido en los últimos diez años el 10,2% de la inversión en carreteras y el 7,5% de la destinada a ferrocarriles.

« No existe ningún déficit crónico de inversión del Estado en dicha comunidad , ni tampoco se aprecian déficit o excesos significativos en ninguna otra», zanja sobre Cataluña el hasta hace unos días presidente del IEE, José Luis Feito, quien explica que la Generalitat y órganos afines consideran únicamente el PIB relativo o la población relativa como criterios normativos para distribuir regionalmente el stock de capital estatal en infraestructuras. «Sin embargo, una vez que se incluye el peso relativo del territorio, el supuesto déficit se esfuma por completo». Y apostilla que «exigir, como hacía una disposición del Estatuto de Cataluña derogada por la Constitución, que el Estado invierta en esta región un porcentaje del total de inversiones equivalente a su peso en el PIB, es absurdo ».

Asimismo, Cataluña no es la única comunidad que ha incorporado disposiciones en su estatuto para ligar la inversión estatal a una variable. Los últimos estatutos de autonomía aprobados han incorporado disposiciones similares, en función de los indicadores que más rédito generan para cada región. El de Andalucía l a vincula a la población (la región es la más poblada de España y en ella habitan el 17,9% de los españoles). Y si bien las disposiciones no son tan taxativas como las de los textos de Cataluña y Andalucía , Castilla y León , Aragón y Extremadura disponen en sus estatutos correspondientes que la inversión del Estado priorice la superficie de estos territorios, mientras que Comunidad Valenciana detalla que la variable sea el peso demográfico -la región concentra el 10% de la población española-. En el caso de Aragón su extensión es del 9,4% de España -su stock de inversión estatal según el IEE es del 4%- mientras que la de Extremadura supone el 8,2%.

Ante la polémica por las averías y retrasos de hasta cinco horas de los trenes de esta región, el estatuto de 2011 de la comunidad ya incorporaba una frase lapidaria para mejorar las infraestructuras, al pedir que junto a la superficie la inversión estatal también dependiera de « la distancia y el tiempo de acceso de la población a las infraestructuras y servicios ».

Feito afirma que « es lógico que todas las comunidades se quejen, pero no es normal que una diga que o me dan esto o me largo». Y matizó que «se ha invertido en exceso en el AVE; tendría que haber más trenes rápidos y más de mercancías. Los AVE nos llevan como reyes, pero no llevan mercancías». Feito también recuerda que en España se disparó la inversión pública en época de bonanza y luego cayó a plomo durante la crisis sin haberse recuperado aún, un hecho «sin parangón en otros países» . En 2007 España destinó un 4,6% de su PIB en inversión pública (la media de la UE era un 3,3%), mientras que el año pasado dedicó un 2,1%, su mínimo histórico.

Asimismo, el estudio señala que Andalucía es la comunidad que más inversiones estatales para infraestructuras de transporte ha recibido en los últimos diez años, el 15,3% del total, seguida de Cataluña (14,7%) y Madrid (13,1%), según el Instituto de Estudios Económicos. Es decir, entre las regiones de mayor renta y que ya cuentan con mayores infraestructuras tradicionalmente, Cataluña superó ampliamente a Castilla y León (7,9%) y País Vasco (5,4%).

Aunque Andalucía es la región que tiene un mayor stock relativo de capital público estatal en las citadas infraestructuras, por encima de Cataluña y de Madrid, hay que tener en cuenta que si bien su PIB relativo (13,4%) es inferior al de Cataluña (19,1%) y de Madrid (19%), su población relativa es superior (18% frente al 16% y al 13,7% respectivamente) y su territorio es mucho más extenso (18% frente al 6,3% y al 1,6% respectivamente).

Feito también rechaza seguir una regla fija de inversión. «Si se observara estrictamente esta regla de inversión, por cierto, no hubiera sido posible construir las infraestructuras necesarias para los juegos olímpicos de Barcelona , pues las inversiones del Estado central en Cataluña durante aquellos años sobrepasaron con creces el peso el PIB relativo de Cataluña», sentencia el informe.