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El cierre de las nucleares y del carbón encarecerá aún más el recibo de la luz

Los derechos que compra y vende la gran industria para poder emitir CO2 se triplican desde enero y contribuyen a la escalada del precio de la electricidad

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El precio de la electricidad continúa su escalada a máximos anuales y anticipa un fuerte encarecimiento del recibo de la luz para los hogares españoles . Una tendencia que puede mantenerse a medio plazo si el Gobierno de Pedro Sánchez, para cumplir con el compromiso europeo de reducir las emisiones, sigue adelante con su plan de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva en los próximos años y apostar solo por energías renovables, como la eólica y la fotovoltaica.

Las renovables y la hidráulica son más baratas porque usan como fuentes el sol, el viento y el agua, reduciendo mucho sus costes. La electricidad generada con energía nuclear también es barata porque estas centrales se consideran prácticamente amortizadas después de más de 30 años en funcionamiento. Son las tres formas de producción que más abaratan la factura, al contrario que el carbón y el gas.

Sin embargo, cuando se dispara la demanda, durante las olas de calor y de frío, no suelen funcionar ni los parques eólicos —por la falta de viento— ni las plantas fotovoltaicas —por la ausencia de sol— . En esos casos se necesita otra energía que cubra esos picos, la llamada cobertura de la demanda. Ante la ausencia de las centrales nucleares, que funcionan las 24 horas durante los 365 días del año, y del carbón, habría que recurrir al gas, más caro, lo que encarecería más el recibo.

Eso mismo llevó al Ejecutivo popular el año pasado a rechazar el desmantelamiento inmediato de esas centrales, advirtiendo de que hacerlo podría disparar el recibo eléctrico un 25% . Este mismo martes, el Congreso de los Diputados rechazó, con los votos favorables de PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV, una proposición de ley del PP que pretendía dificultar el cierre de las centrales térmicas y nucleares.

Precisamente detrás del fuerte repunte actual de los precios está la ola de calor que azotó a buena parte de Europa y que disparó los niveles de demanda. La ausencia de lluvias y de viento hizo que la generación hidráulica y eólica disminuyesen notablemente y, para cubrir esa caída, entraron en funcionamiento durante más horas las centrales de carbón y de gas.

A ello hay que añadir, según los expertos, otros dos factores: por un lado, el encarecimiento del gas por la subida del precio del petróleo, y por otro, la fuerte alza en los precios de los derechos de emisión de CO2.

Impacto de los derechos de emisión de CO2

Estos derechos, que son una especie de licencia que pagan las empresas industriales más contaminantes, han triplicado su precio en los que va de año y su cotización ha pasado de los 7 euros de enero hasta los 21 del pasado agosto. Ayer cotizaban por encima de los 24 euros. El impacto en la factura es enorme: por cada euro que aumenta el precio de los derechos aumenta también un euro el del kilowatio (kWh).

El comercio de los derechos de emisión constituyó en 2005 un hito en la política europea de lucha contra el cambio climático y es su principal herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Europa limita así la cantidad total de este tipo de gases que pueden emitir las instalaciones y progresivamente va reduciéndolo. Dentro de este tope, las empresas compran derechos de emisión de CO2 con los que pueden comercializar entre sí en función de sus necesidades . Además pueden comprar cantidades limitadas de créditos internacionales que proceden de proyectos de reducción de emisiones de todo el mundo. Al final de cada año, deben entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones si no quieren soportar fuertes sanciones.

El incremento del precio sufrido durante este año no es baladí. Según cálculos de la CNMC, un alza de 14 euros por tonelada de CO2 emitida implica para las centrales de carbón un incremento de sus costes de unos 12 euros por megavatio (MWh) y de unos 5 euros para las centrales de ciclo combinado respecto a enero.

Las medidas de Bruselas van encaminadas a que el precio de los derechos se mantenga en niveles elevados, pues ya ha anunciado que el próximo mes de enero los derechos de emisión se reducirán en un 16%, y en 2020 en un 20%. El problema es que esto acaba trasladándose al precio del megavatio y por tanto a la factura de las empresas, que al aumentar sus costes pierden competitividad , y de las familias.

El megavatio se situó ayer en el mercado mayorista en 74,7 euros, manteniéndose así en máximos anuales (anteayer superó incluso los 75 euros), y la media mensual de septiembre supera ya los 69 euros. Como adelantó ABC, esta escalada de los precios ya supuso en agosto un encarecimiento del recibo doméstico de unos 5 euros desde principios de año .

Y eso que la subida del precio del megavatio «solo» impacta en el 40% de la factura, que es la que representa el consumo real, pues el 60% restante de lo que pagan los usuarios son costes ajenos al sistema como las primas a las renovables, las subvenciones al carbón nacional y las subvenciones a las plantas extrapeninsulares.

Reacción del Gobierno

El PSOE pedía desde la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy limpiar el recibo y pasar esos impuestos y tasas a los Presupuestos, pero aún no ha anunciado nada en esa dirección. Está por ver si lo hace el próximo miércoles la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que comparecerá en el Congreso de los Diputados por el alza del precio de la luz. Lo que también podría estudiar el Ejecutivo es una reforma en el sistema de subastas, que el Gobierno del PP ya había revisado tras bruscas subidas de la luz, para que el precio de referencia no sea el de las últimas energías que se cruzan, normalmente gas y carbón, más caras.

«El encarecimiento del coste de la luz está asfixiando a familias, empresas y autónomos» , lamentó ayer el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. Este, aprovechando que Hacienda negocia con Podemos una rebaja del IVA a los productos de primera necesidad, pidió que se baje el IVA de la factura de la luz. Una medida que difícilmente aprobará el PSOE teniendo en cuenta que planea elevar la presión fiscal y que su propuesta en esta materia es extender el bono social de la luz a más familias. UGT también dijo ayer que hay margen para intervenir en el sistema de fijación de los precios de la luz.

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