El caos en la devolución de billetes de avión amenaza con colapsar los juzgados

La ley estipula que las aerolíneas deben informar al pasajero de que ante una cancelación , puede escoger entre el reembolso del importe del billete o un bono canjeable. Y en el caso de que el consumidor escoja la devolución, la compañía aérea deberá reintegrarle la cuantía en un plazo máximo de siete días.

Las compañías aéreas han pedido paciencia a los consumidores, asegurando que muchas de ellas se verían abocadas a la quiebra si hicieran frente a los reembolsos en el plazo que estipula la legislación. Según los datos de la patronal internacional del sector, la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo, por sus siglas en inglés), estas empresas deben devolver unos 35.000 millones de dólares (unos 30.000 millones de euros) a sus pasajeros. Esta situación ha provocado un conflicto que hoy se mantiene, ya que si bien algunas aerolíneas han empezado a devolver los billetes otras hacen todo lo posible para demorar el proceso.

Según los datos de la asociación Reclamador.es -que ha gestionado 4.000 denuncias relacionadas con este asunto- a los que ha tenido acceso este periódico, Norwegian, easyJet y Lufthansa son las aerolíneas más ágiles a la hora de devolver la cuantía del billete. Tardan entre 15 días y tres meses . Por contra, otras compañías ofrecen únicamente el bono y en algunos casos terminan rechazando la devolución.

Con la negativa de las compañías aéreas, los consumidores suelen acudir a otras vías. Una de ellas son los juzgados de lo mercantil, que ya estaban saturados antes del inicio de la pandemia y que ahora están cerca de colapsarse. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguran que todavía no están contabilizadas las denuncias que se presentan en los tribunales por este asunto , pero reconocen que han crecido notablemente.

También ha habido un notable incremento en las reclamaciones que se realizan a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). El organismo, dependiente de Transportes, recibió unas 26.000 denuncias solo entre abril y junio, casi 11.000 más que durante todo el primer semestre de 2019.

El problema no solo no se ha resuelto, sino que se está agudizando. Ante los rebrotes del coronavirus y las restricciones de los gobierno, las cancelaciones se han vuelto a disparar, lo que según la abogada y co-directora legal de Reclamador.es, Esperanza Palacio, «ha añadido aún más presión a unos juzgados que funcionan este mes a medio gas pese a ser considerado un periodo hábil».

Desde la organización explican que si bien los vuelos nacionales funcionan con relativa normalidad en este periodo, un buen número de rutas internacionales han sido suspendidas de nuevo. En condiciones normales las aerolíneas no pueden cancelar con menos de 14 días de antelación, «pero ahora se acogen a la fuerza mayor, lo que deja a los consumidores sin posibilidad de solicitar una compensación por una cancelación repentina», explica Palacio.

Es por ello que en el sector esperan una intervención del Gobierno más decidida en este asunto. En un primer momento, el ministro de Consumo, Alberto Garzón , avisó que las aerolíneas «no se irían de rositas» y puso cifras al conflicto, al asegurar que la AESA acumularía cerca de 700.000 reclamaciones. Garzón también aseguró que se constituiría un mecanismo extrajudicial para aligerar la carga de trabajo generada en los juzgados por estos casos. Una mediación que, hoy por hoy, sigue sin concretarse.

Fuentes del ministerio explican que esta solución «se basaría en la emisión de dictámenes vinculantes por parte de AESA, sin impedir esto a los consumidores asistir a la vía judicial si así lo desean». Además, añaden que ya existen conversaciones con Transportes y Justicia para crear este mecanismo. Pese a ello, desde el departamento no especifican cuándo estará lista esta iniciativa.

En el mundo jurídico advierten que el tiempo apremia. Porque a las miles de reclamaciones relacionadas con las cancelaciones de billetes se unirá, en los próximos meses, una avalancha de concursos de acreedores generada por las dificultades económicas de un gran número de empresas. El titular del Juzgado de lo Mercantil de Granada, Rafael Leonés , explica a este periódico que «son las grandes ciudades las que están sufriendo sobre todo las denuncias por cancelaciones de vuelos. Pero en el caso de los concursos se prevé una avalancha que afectará a todos los juzgados del país».

El Gobierno modificó la legislación para que las empresas en situación de liquidación no tengan obligación de solicitar el concurso de acreedores hasta el próximo 1 de enero. Según Leonés, se trata de un «paréntesis» que no despeja la incertidumbre sobre cómo responderá la Justicia a estos procesos. «El Ministerio de Jusitica ha prometido un plan de refuerzo, pero por el momento nadie conoce cómo será», concluye el juez.