El caso del caos aéreo de los controladores que provocó el estado de alarma, a juicio diez años después

El macrojuicio será en el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid, que ha instruido la casusa que llevó que el Gobierno del entonces socialista José Luis Rodriguez Zapatero , declarara el estado de alarma. El control de los aeropuertos españoles fue tomado por los militares . El titular de Fomento José Blanco criticó que se trataba de de una huelga salvaje. Se cancelaron 5.000 vuelos y hubo 70.000 ciudadanos afectados que emprendieron acciones legales.

Los hechos comenzaron el 3 y 4 de diciembre de 2010 cuando los aviones no pudieron sobrevolar por el territorio español. La vista oral se desarrollará los días 15, 16, 20, 22, 23, 27 y 29 de enero; los días 3, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24 y 26 de febrero y los días 2, 4, 5, 10, 11, 12, 16 y 18 de marzo, en que quedará visto para sentencia.

El juicio se iniciará con la exposición de las cuestiones previas de cada una de las partes incursas en el procedimiento. La primera sesión del juicio se celebrará en la sede de los Juzgados de lo Penal de Madrid, en la calle Albarracín, nº 31.

Esta es una de las causas que aún continuaban de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España, ya archivados y exculpatorios para los controladores en la mayoría de los casos, informa Ep.

En febrero, el sindicato USCA alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid y acusaciones particulares por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados, una medida condicionada a la aceptación del mismo en Palma de Mallorca. El acuerdo supuso para el sindicato el fin a un conflicto que dura diez años q uedando pendiente la causa de Madrid.

En el proceso de Palma, 83 los controladores de Baleares acusados realizaron el pago de las indemnizaciones acordadas a los perjudicados y la mayoría se adhirió a un pacto con la Fiscalía por el que reconocían un delito de abandono de funciones públicas con asunción de una multa para evitar ir a juicio. Ello evitaba la acusación de sedición.

La indemnización acordada en ese procedimiento fue de mil euros por perjudicado por los daños morales más el daño material, que ya fueron cobradas o consignadas en el juzgado para su recepción.