Los controladores dicen que el cierre del espacio aéreo de 2010 fue una excusa para militarizarlos

«No había personas suficientes para acabar el año. En Santiago de Compostela ya había 10 personas que no iban a trabajar por haber acabado su jornada laboral anual y lo mismo estaba a punto de ocurrir en Madrid», ha dicho en la presentación del documental la secretaria de comunicación de USCA, Susana Romero.

Romero ha apuntado que Aena había solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) una ampliación de jornada del 10% que fue denegada: « La única manera para que los controladores siguiéramos trabajando era militarizarnos y para justificarlo cerraron el espacio aéreo».

El presidente del Gobierno durante el cierre del espacio aéreo en 2010, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó entonces que los controladores abandonaron su puesto de trabajo alegando insuficiencia de facultades, y más de 500 controladores fueron investigados acusados por un presunto delito de sedición.

El abogado de Usca, Diego Salmerón, ha explicado que el formulario 34.4 está a disposición de los controladores para pedir el relevo si no se encuentran en condiciones de continuar su trabajo , pero antes de abandonar el puesto de trabajo un médico debe certificarlo, y ha indicado que este documento solo se distribuyó en algunos centros de control.

«Con este papel se quería demonizar a los controladores, que cayeron en la trampa», ha dicho Salmerón, que ha indicado que, en cualquier caso, el sistema Palestra –un registro automatizado de los servicios de control aéreo– desmiente la versión de Aena sobre un supuesto abandono masivo de los controladores aéreos.

En el documental aparece el testimonio del juez instructor del caso en Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, que asegura que cuando se cerró el espacio aéreo «se estaba teniendo más servicio de controladores aéreos que en épocas de agosto, cuando el tráfico aéreo es más elevado ».

En España, hay cerca de 2.000 controladores aéreos, de los que el 3 de diciembre estaban llamados a trabajar alrededor de 800 , y según USCA todos ellos acudieron a sus puestos de trabajo, exceptuando entre un 3% y 4% de bajas.

También aparece en el video la presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y Familias, Pilar Vera, que apunta a motivos económicos: «Fue una guerra económica para abaratar costes. Ya había un proyecto de privatización de Aena, había que rebajar costes y el colectivo más caro eran los controladores ».

Actualmente, ya son 20 los juzgados españoles que han archivado las acciones penales contra los controladores al estimar que no existió abandono de los puestos – quedan abiertas las causas penales en Madrid y Palma de Mallorca –, y el Tribunal Supremo dictó un auto en octubre de 2014 en el que señala que sostener que hubo una actuación única y conjunta de los controladores aéreos es una «conclusión aventurada y carente de todo soporte probatorio».

En Barcelona, se siguen celebrando juicios contra las sanciones que ENAIRE abrió a 61 controladores del centro de control de Barcelona en marzo de 2015 por el cierre del espacio aéreo en 2010: «Aena sigue insistiendo c inco años después pese al archivo por parte de 20 juzgados y suspende de empleo y sueldo a los controladores sancionados a partir de 2017 y 2018, consciente de que no tiene personal suficiente», dice Salmerón.

El presidente de USCA, Pedro Gragera, ha enviado una carta al Ministerio de Fomento para reunirse con la ministra Ana Pastor y ENAIRE y presentarles una propuesta para hacer viable a largo plazo el sector de los controladores aéreos y para rejuvenecer a la plantilla, ya que ha afirmado que hace una década que no se convocan nuevas plazas: «Cada año se jubilan 50 controladores y no entra ninguno nuevo, con lo que ahora mismo contamos con 500 efectivos menos ».

Según Gragera, la media de edad de un controlador aéreo en España es de unos 47 años y pueden estar en activo hasta los 65 años, a diferencia de otros países europeos como Alemania , donde la jubilación para esta profesión es forzosa a los 55 años y donde la plantilla es más joven.