Bruselas quiere evitar la politización del uso de las ayudas europeas

En la UE se usa el periodo presupuestario de siete años para eludir batallas anuales en el Consejo acerca del dinero . Siete años superan incluso los cinco de una legislatura, lo que en principio hace que sea muy difícil que coincidan a la vez una crisis política en la formación de la Comisión Europea y una crisis presupuestaria en la elaboración del «marco financiero plurianual». Lo que nadie había previsto era una pandemia con efectos generalizados en la economía, coincidiendo con la instalación de una nueva Comisión, la de Ursula von der Leyen, y el debate de los primeros presupuestos de la era post-Brexit, es decir, con un agujero de unos 60.000 millones de euros.

La Comisión había previsto además, ya desde mediados de la anterior legislatura, que en estos cinco años sería necesario ampliar el campo de acción de muchas políticas que hace tiempo que orbitan en torno a los edificios oficiales de Bruselas, sin contenido ni competencias reales. Tanto Jean-Claude Juncker como sobre todo su sucesora querían poner en marcha el potencial comunitario en materias como la protección de las fronteras exteriores, la industria de la defensa, la digitalización del mercado interior o la transición energética. Los partidarios de seguir centrando la acción de la UE en la política agraria y los fondos de cohesión, que históricamente han copado los dos tercios de su presupuesto, se habían quedado en minoría, frente a los que piensan que es necesario llevar la acción de la Comisión a un nivel superior.

El problema es que no solamente se habían quedado sin el dinero que esperaban debido a la salida de un socio como el Reino Unido que era contribuyente neto, sino que se han topado con una inesperada y profundísima crisis económica. Todas las previsiones de la Comisión anticipan un otoño más que complicado en varios países, a medida que las políticas de ayuda al empleo vayan agotándose debido a su elevado coste para los países.

La presidenta Von der Leyen sabe que los 750.000 millones de créditos y subvenciones, destinados esencialmente a evitar el colapso de Italia, España y Francia no estarán disponibles, como pronto, hasta bien entrado 2021 . La tramitación legal y técnica no va a ser sencilla ya que se trata de un mecanismo nuevo, sin precedentes y que necesita de la ratificación de todos los países.

Sin embargo, para empezar a intervenir cuanto antes en auxilio de las economías más afectadas, la Comisión está preparando también los ajustes legales para poder usar cuanto antes la liquidez que le queda de los presupuestos que terminan el 31 de diciembre. Como la Comisión no puede tener déficit, hay un remanente de liquidez al final del periodo presupuestario, debido en parte a que tampoco es fácil inyectar sin moderación el dinero en economías frágiles como las de los países menos ricos de la UE. De hecho, el desembolso de los fondos estructurales suele ir con retraso porque cada año queda entre un 30 y un 40% sin usar, aunque teóricamente estén ya asignados.

Este año la Comisión hará al revés, liberar ese dinero para que pueda ser utilizado cuanto antes en acciones de emergencia, y esperar a completar los proyectos ya asignados más adelante cuando se concrete el mecanismo de recuperación. Entre otras cosas, porque el 31 de diciembre se producirá la desconexión definitiva del Reino Unido y a falta de perspectivas de acuerdo sobre la relación futura, las consecuencias de esa ruptura brusca para muchos sectores de la industria europea pueden ser imprevisibles añadidos a una situación ya muy compleja.

El problema que la Comisión quiere eludir a toda costa es verse mezclada en las batallas políticas internas de los países. La cumbre ha sido muy complicada y se han visto, como pocas veces antes, enfrentamientos dialécticos entre los dirigentes nacionales. Que hayan salido a la luz algunos, como el ataque de la primera ministra finesa, la socialista Sanna Marin, alistada junto a los «frugales», contra Pedro Sánchez y su inmovilismo, significa que los ha habido incluso peores durante esos cuatro días en los que la principal arma del presidente del Consejo Charles Michel fue su amenaza de pedir a las autoridades belgas que cerrasen todos los aeropuertos para evitar que nadie se fuera de Bruselas sin haber llegado a un acuerdo. El holandés Mark Rutte llegó a decir que le daba igual si otros se enfadaban porque él no había venido a que «le invitaran a sus fiestas de cumpleaños» sino a defender sus intereses. Muchos no le invitarán, pero porque Europa no está ahora para fiestas.