Bruselas se lanza a regularizar la relación laboral de las plataformas como Glovo, Cabify y Uber

La directiva aprobada hoy sigue la estela de la ley 'rider' en España, que en agosto obligó a las plataformas de reparto a domicilio a contratar a sus repartidores. Esta norma fue una de los detonantes de la salida de Deliveroo de España a final de noviembre y que acabó con casi 4.000 repartidores en un ERE. Con la normativa europea se va más allá de las plataformas de reparto a domicilio. La Comisión cree que con esta legislación comunitaria en un sector masivamente desregulado en la mayoría de los países también «permitirá que las empresas de este sector se beneficien plenamente del potencial económico del mercado único y de la igualdad de condiciones y de seguridad jurídica en todos los países».

Para Bruselas, es una medida que tiene que abordar ya porque «se estima que los ingresos en la economía de la plataforma laboral digital en la UE han crecido alrededor de 500% en los últimos cinco años». Según sus datos, actualmente hay unos 28 millones de personas que trabajan en este tipo de plataformas en la UE. Una cifra que en 2025 podría llegar a los 43 millones . Además, para la Comisión «a medida que las plataformas laborales digitales introducen nuevas formas de organización del trabajo, desafían los derechos existentes y obligaciones relacionadas con la legislación laboral y la protección social».

La situación legal de este sector es muy compleja. Es países como España ya ha sido regulado de forma más rigurosa que la propia propuesta de la Comisión, pero en Bélgica, esta semana la justicia ha dado la razón a una de estas plataformas que considera a sus trabajadores como autónomos. En el Parlamento Europeo hay sin embargo un apoyo claro al criterio de la Comisión que tiende a presuponer que son trabajadores por cuenta ajena. La patronal europea Business Europe ha acogido con satisfacción la medida y algunas de las grandes plataformas como Takeaway han expresado su apoyo a la medida. Uber, también concernida, ha prometido «mejorar las condiciones de trabajo » de sus conductores pero teme que la propuesta «tenga el efecto contrario: poner en riesgo miles de puestos de trabajo, paralizar a las pequeñas empresas a raíz de la pandemia y dañar los servicios vitales de los que dependen los consumidores de toda Europa».

El objetivo de la directiva europea no pretende acabar con la flexibilidad que estas empresas reclaman sino mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de las plataformas digitales. Para ello, se marca tres objetivos. El primero es que «las personas que trabajan a través de plataformas tengan, o puedan obtener, los situación laboral a la luz de su relación real con la plataforma laboral digital».

La directiva establece que existe un control del trabajo por parte de las plataformas si se cumplen al menos dos de estas condiciones : se establecen límites máximos en el salario; se exige a la persona que realiza el trabajo que respete las normas vinculantes específicas con respecto a la apariencia, la conducta hacia el destinatario del servicio o ejecución del trabajo; se supervisa la realización del trabajo o verifica la calidad de los resultados del trabajo, incluso por medios electrónicos; se restringe la libertad, incluso mediante sanciones, de que el trabajador organice su trabajo, en particular la facultad discrecional de elegir el horario de trabajo o los períodos de ausencia, aceptar o rechazar tareas o utilizar subcontratistas o sustitutos; y se restringe la posibilidad de que el trabajador cree una base de datos de clientes o que trabaje para terceros.

Las personas que trabajan en ellas gozarían, por tanto, de los derechos laborales y sociales que conlleva la condición de asalariado, lo que significa el derecho al salario mínimo, a la negociación colectiva, horario de trabajo, seguridad social y derecho a vacaciones, prestaciones por desempleo y enfermedad, como así cotización para pensiones. Las plataformas y los trabajadores que prefieren considerarse autónomos tendrán derecho a oponerse a esta consideración pero deberán demostrar que no existe esa relación laboral o adoptar sus condiciones en la relación con la plataforma.

Como ocurriera con la norma española, los algoritmos también juegan un papel importante . La directiva pretende conseguir que haya «equidad, transparencia y responsabilidad en la gestión algorítmica en el contexto de trabajo de la plataforma». Así, según Bruselas, la gestión algorítmica aunque «crea eficiencias en la adecuación de la oferta y la demanda» también «tiene un importante impacto en las condiciones laborales en el trabajo de plataforma. La gestión algorítmica también oculta la existencia de subordinación y control por parte de la plataforma laboral digital sobre las personas que realizan la obra». La directiva expone que tanto los considerados como trabajadores como los que se mantengan como autónomos tendrán derecho a impugnar las decisiones automatizadas. Por último, la tercera meta es «mejorar la aplicación de las normas aplicables a todas las personas que trabajan plataformas».

La proposición de la Comisión debe ser ahora discutida y aprobada por separado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Una vez aprobada los países deberán incluirla en su legislación nacional.

El comisario de Trabajo, Nicolas Schmit, considera que si la Comisión no interviene en este sector «donde se ha creado un modelo que se ahorra el coste de las cotizaciones sociales, estaríamos abriendo una caja de pandora » en el modelo social europeo. «Hay países donde todas las plataformas trabajan con asalariados, lo que demuestra que es posible».