Bruselas endurecerá el control fiscal sobre España en año de elecciones

Este montante, que el Gobierno estima en el Programa de Estabilidad, se deberá compensar con recortes en otras partidas para cumplir con las exigencias de Bruselas ya que, de lo contrario, España se arriesga a entrar en un programa de desviación significativa que, a la larga, puede entrañar sanciones. En todo caso, se aplicaría si el déficit se desboca por encima del 3%, describen fuentes comunitarias. Esto se sabrá en abril de 2020, cuando se notifiquen oficialmente los datos de 2019. Ya en 2016, año electoral, estuvo cerca de ser el primer estado sancionado por incumplir el déficit en 2015, también año electoral precisamente. El Ejecutivo proyecta en el Programa de Estabilidad que la subida de sueldo de los funcionarios costará, al menos, 3.477 millones mientras que la subida de las pensiones del 1,6% sumará 2.200 millones más en 2019.

La vigilancia de Bruselas condiciona la campaña electoral. Al bajar el déficit del 3% –el año pasado acabó en el 3,1% y el Gobierno proyecta que estará en el 2,2%, aunque Bruselas diluye el optimismo y lo cifra en un 2,7%– España saldrá por primera vez desde 2009 del brazo correctivo de la UE a través del Procedimiento de Déficit Excesivo, que prioriza la reducción del desequilibrio presupuestario. Una vez bajo la frontera del 3%, el déficit estructural y el gasto son las nuevas asignaturas pendientes.

España deberá hacer frente a un ajuste permanente –no cíclico– del déficit del 0,65%. El recorte iba a ser mayor. Siendo riguroso en la aplicación de los tratados, España debería ajustar su déficit estructural el año que viene un 1%, es decir, más de 12.000 millones . Sin embargo, el impacto desmesurado sobre el crecimiento y el empleo ha hecho que la Comisión haya relajado el rigor. Bruselas ya había avisado a España de que el año pasado, pese a que bajó el déficit del 4,3% al 3,1%, el déficit estructural solo se redujo una décima, del 3,2% al 3,1%.

Pero el gran quebradero de cabeza vendrá del gasto. La Comisión pasará a aplicar en 2019 su regla de gasto sobre el conjunto de las administraciones, que fija una tasa para que el gasto crezca a partir del PIB potencial. La regla europea es mucho más dura que la nacional: si en España este año el gasto puede crecer hasta un 2,4%, el año que viene el límite impuesto por Bruselas será más reducido. El desembolso solo podrá crecer un 0,6% , un límite que además también tiene en cuenta el gasto de la Seguridad Social que incluye el alza de las pensiones pactado con el PNV.

Para 2019 el Gobierno proyecta un aumento del gasto en el sistema del 4% , lo que augura tensiones. A ello se le sumará que la mitad de la rebaja del IRPF en las nóminas de menos de 18.000 euros se aplicará en 2019, lo que reducirá el margen para elevar el gasto, ya que la bajada de ingresos tiene el mismo impacto en la regla de gasto que un mayor desembolso. Todo un desafío en año de campaña electoral en municipios y regiones.

El otro criterio, el de la deuda, no se aplicará por completo hasta 2022 ya que España aún está en el PDE (es el único país en la Eurozona que sigue; en 2011 había 24 estados). El procedimiento implica que la deuda pública debe bajar en dos puntos cada año para ir descendiendo poco a poco del 98% del PIB en el que está ahora hasta el 60% de límite que fija la UE. Un nivel que se perdió en 2010 y que, según las estimaciones de la Autoridad Fiscal, no se volverá a alcanzar hasta 2035. Como fuere, en este punto Europa es experta en excepciones, entre las que destaca Italia, con un 131,8% del PIB. Las urnas complican el cumplimiento en todo el continente: Roma acaba de tener elecciones y en Madrid la reciente crisis política presiona por un adelanto electoral.