Bruselas condiciona los fondos europeos a que se garantice «la independencia de los jueces»

El comunicado emitido por el Parlamento Europeo es claro al respecto: «La norma será aplicable ante infracciones puntuales o sistémicas y no sólo se aplicará en caso de mala gestión directa de los fondos derivados de corrupción o fraude. También servirá para hacer frente a infracciones sistémicas de los valores fundamentales, como la democracia o la independencia de la judicatura , cuando esas vulneraciones afecten -o amenacen hacerlo- a la gestión de los fondos europeos».

Según se destaca, en las negociaciones, los eurodiputados han introducido una disposición específica que clarifica los tipos de vulneraciones y establece un listado de ejemplos, entre los que se incluyen las «amenazas a la independencia de los jueces» , la ausencia de correcciones de «decisiones arbitrarias o ilegales» , y «limitación de la posibilidad de recursos legales».

El reglamento, que hasta ahora ha tenido a Hungría y Polonia como principales escollos, detalla además el procedimiento que se activará en caso de infracción, que consta de varios pasos. En primer lugar, «la Comisión, tras determinar que se ha producido una infracción, propondrá la activación del mecanismo de condicionalidad contra el Gobierno de un Estado miembro, y procederá a suspender o congelar los pagos desde las arcas comunitarias a dicho Gobierno». Después será el Consejo quien deberá votar en el plazo de un mes acerca de las medidas propuestas (se darán tres meses en casos excepcionales), por mayoría cualificada.

Esta es una de las principales novedades, pues los eurodiputados lograron acortar el plazo que tendrán las instituciones para tomar medidas hasta un máximo de 7 a 9 meses, desde los 12-13 meses inicialmente previstos.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra , ha denunciado cómo, pese a que Bruselas «cada día, y ayer de nuevo, establece más garantías a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial», el Ejecutivos insiste la dirección contraria. «Los partidos de gobierno aceleran en su intento de controlarla, poniendo en riesgo los fondos europeos y el Estado de Derecho. ¡Son un peligro! », ha dicho en su cuenta de Twitter.

El Parlamento también ha buscado una forma de proteger a los beneficiarios de los fondos de las erróneas decisiones de sus Gobiernos. Según se especifica, «los receptores de los fondos, como estudiantes, agricultores y ONG, podrán reclamar el pago de las ayudas a través de una web de la Comisión, que se asegurará de que no son castigados por las acciones de sus Gobiernos. La Comisión también podrá efectuar correcciones financieras reduciendo los pagos pendientes al Estado en cuestión».

El reglamento llega en un momento en que la polémica por la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para el Consejo General de Poder Judicial, que permitirá al Gobierno interferir en este órgano y recortar sus atribuciones , está al rojo vivo. Un proceso que Bruselas ya ha admitió que sigue con preocupación. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders , remarcó hace apenas una semana durante una comparecencia telemática ante el Congreso la importancia de que « se evite cualquier tipo de influencia política en el nombramiento de los miembros del Consejo » y que tampoco «haya la impresión de que hay injerencias».