El CGPJ aborda hoy su reforma y no descarta llevar a Europa la ofensiva contra su independencia

«Togas apolilladas», «franquistas», magistrados que «se revuelven cuando no les gustan las decisiones políticas», «jueces afines», prevaricadores en la Sala Segunda del Supremo... El cúmulo de improperios lanzados desde la tribuna del Congreso contra los miembros de la carrera judicial (con nombres y apellidos incluso) es, para quienes integran este colectivo, «revelador» de los planes del Ejecutivo para el tercer poder del Estado.

Asociaciones de jueces y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se preparan para responder no ya a los insultos a miembros de la carrera, la punta del iceberg, sino a los propios planes del Ejecutivo de interferir en un órgano cuyas funciones están reguladas por la Constitución . Y, además, por la puerta de atrás: por la vía de urgencia y con una proposición de ley que les exime de pedir informes a los órganos consultivos que, como el propio órgano de gobierno de los jueces, algo tienen que decir sobre la reforma.

Este es el planteamiento del que partirá el Pleno del CGPJ previsto para hoy y en el que se debatirán como puntos del orden del día las solicitudes de dos grupos de vocales: la primera, para que se emplace al Congreso de los Diputados a pedir informes tanto a este órgano como a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la ofensiva que se planea sobre el órgano encargado de hacer los nombramientos de la cúpula judicial. La segunda, para que se debata esa merma de atribuciones con tachas de inconstitucionalidad . «Quieren dinamitar el Poder Judicial», alertan desde este órgano. Varios vocales advierten de que «se llegará hasta donde haga falta», si es necesario hasta Europa, para preservar la independencia del Consejo como institución más allá de las personas que lo conforman en este momento. «Es la propia credibilidad de la institución lo que está en juego», dicen.

Los insultos y descalificaciones no han pasado por alto en este órgano, que hasta en tres ocasiones desde este mes de enero ha tenido que dar un toque de atención al líder de Podemos, Pablo Iglesias , por sus ataques contra la independencia judicial. El portavoz de Podemos, Jaume Asens, los multiplicó exponencialmente el martes, como también lo hizo el de Bildu, Jon Iñarritu , cuando acusó de prevaricadores a los dieciséis miembros de la carrera judicial (de distintas sensibilidades además) por tomar la decisión unánime de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui por el caso Bateragune.

Para el vocal del Consejo José María Macías , lo que sucedió el martes «fue revelador del carácter de quienes impulsan la retahíla de descalificaciones e insultos dirigidos contra el Poder Judicial en general, y contra muchos jueces en particular, aprovechando la impunidad de la tribuna parlamentaria, abusando de la incapacidad para defenderse de los insultados». En declaraciones a ABC, Macías señala que revela «la mezquindad, la cobardía y, desde luego, también las intenciones de quienes parecen no tener reparo alguno en violar cualquier límite ético. Ni la inmunidad parlamentaria ni la democracia se pensaron para eso», reflexiona.

Pero, a su juicio, fue aún mucho más revelador que entre los que asumieron ese comportamiento se incluya uno de los grupos autores de la iniciativa legislativa: Podemos , lo que «permite identificar de manera muy clara cuál es el objetivo real de la medida y el grave peligro que supone para el derecho fundamental de los ciudadanos españoles a contar con una justicia independiente». «Creo –dice– que cuando por fin esta reforma sea conocida en la Unión Europea y en el Consejo de Europa , el texto tendría que acompañarse de las palabras pronunciadas por Asens. Así podrán comprobar esas instituciones hasta qué punto se respetan sus recomendaciones cuando exigen a los poderes públicos abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto».

De forma parecida opina el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, quien junto con la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria, y Foro Judicial Independiente tiene previsto reunirse con el ministro Campo el viernes. «Más allá de los exabruptos y el profundo desconocimiento de la carrera judicial (con una edad media de 48 años e integrada por un 54 por ciento de mujeres) que evidencian esas manifestaciones, consentidas increíblemente por la presidenta de la Cámara (Meritxell Batet), lo que ponen de relieve es la falta de argumentos que se trata de disfrazar con insultos, descalificaciones, y lo que es más grave, la ínfima calidad democrática de quien los profiere» .

A su juicio, se pretende, por un lado, trasladar a las instituciones «el debate barriobajero de la calle, donde siempre triunfa la ley del más fuerte, y de ahí las descalificaciones tabernarias que estamos escuchando». Y de otro, se quieren «socavar los órganos y controles que garantizan el correcto funcionamiento de nuestra democracia». «Parece que no quieren entender que la separación de poderes y la sujeción de todos a la Constitución y a la ley son los pilares sobre los que se apoya nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. O quizá sea porque no creen en esos principios».

Para el portavoz nacional de Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero: «Estamos asistiendo a una lucha descarnada de rapiña entre los partidos por mantener o intentar mantener su cuota de poder en lo que ellos creen que les da vía para influir en los nombramientos discrecionales de la carrera judicial. Y punto. Una guerra descarnada por los despojos de un sistema que está en descomposición».