Los bancos obligan al Estado a tener que pagar para abrirse cuentas corrientes

La prueba está en la licitación que ha sacado recientemente el departamento dirigido por María Jesús Montero para tener un «servicio bancario de cuenta corriente para el pago de haberes y retribuciones del personal destinado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública».

Hacienda señala en la memoria del contrato que hasta la fecha era Caixabank, el que es ahora el mayor banco español por volumen de activos, el que prestaba el servicio; resultó adjudicatario en 2017 y desde entonces mantenía la cuenta corriente del ministerio, con prórrogas incluidas. Sin embargo, ahora la entidad ha optado por dejar de hacerlo gratis. «El adjudicatario del contrato ha manifestado su intención de no prorrogar el mismo (quedaban 2 años), por lo que se genera la necesidad de una nueva licitación» , reconoce el departamento de Montero.

Ahora el ministerio ha sacado esta licitación para poder tener una cuenta corriente desde la que acometer los pagos que ha de realizar. El valor del contrato, cuando antes era de cero euros, ahora es de 130.500 euros. Los tiempos del mismo serán los siguientes: «La prestación del servicio tendrá una duración de dos años, prorrogable por anualidades hasta un máximo de cinco». Dicha cantidad está calculada por la totalidad de los cinco años máximos a los que puede extenderse el contrato.

Hasta la fecha, la vinculación que había con Caixabank «no conllevaba ningún coste para la Administración». Y añade la memoria: «Señalar que en la actualidad las licitaciones que se están tramitando por diversas administraciones están quedándose desiertas al establecerse como criterio de adjudicación el diferencial ofrecido respecto al euríbor». En otras palabras, que ningún banco está acudiendo a las licitaciones que van sacando las distintas administraciones para prestar un servicio de cuenta corriente a cero euros de contraprestación.

«Por ello, es necesario que el órgano de contratación comprometa un gasto mínimo con el cual las entidades puedan al menos financiar los gastos en los que incurren con la apertura de estas cuentas», dice Hacienda. Así las cosas, ya que la administración está pagando en el propio contrato, se asegura que no habrá más cargos: « La cuenta objeto de este contrato no podrá ser gravada con comisiones de mantenimiento, descuentos, intereses en contra, ni cualquier tipo de gravamen usual en las entidades bancarias ».

Unido a todo ello, el criterio para valorar una oferta u otra será simplemente el precio al que esté dispuesto a prestar el servicio cada banco, teniendo en cuenta que «la situación del mercado no permite que las cuentas sean remuneradas». « El único criterio de adjudicación será la oferta económica evaluada en cantidad a tanto alzado para los 24 meses de ejecución del contrato, que no podrá superar el presupuesto base de licitación», señala el documento de la memoria del contrato.

Esta situación se debe principalmente a los tipos de interés marcados por el Banco Central Europeo (BCE) ; los depósitos no son rentables para las entidades financieras y cada vez el interés que se ofrece es menor, llegando incluso a darle la vuelta al cero. De hecho, es habitual que la banca cobre ya intereses negativos a las empresas; aún no a los consumidores y ese parece un melón que todavía no se ha abierto.

El Estado debe pagar a las entidades por tener una cuenta corriente... y lo cierto es que existe un riesgo considerable de que se pierdan por el camino parte de los fondos europeos depositados por las comunidades autónomas al mismo tiempo.

El dinero comunitario ya ha comenzado a llegar a la Administración central, y esta una parte lo distribuye hacia las autonomías para sus proyectos. Sin embargo, la lentitud en la ejecución de los proyectos está provocando que los fondos se queden aparcados en las cuentas de las comunidades autónomas, y eso cuesta dinero.

Fuentes financieras confirman que ya se está cobrando a algunas regiones por tener depositado en cuenta los fondos europeos . No a todas, ya que depende luego del tipo de acuerdos a los que llegue cada autonomía con cada entidad.

La advertencia que lanzan desde la banca es real: se está perdiendo dinero procedentes de Europa por la lentitud en la ejecución. Los fondos no están fluyendo como se esperaba a la economía real -se deja notar también en el crecimiento económico- y al estar depositados, parados, en las cuentas de las autonomías, las cantidades van a la baja con el paso del tiempo. Fuentes financieras hablan de hasta un tipo del -0,5%.

Es por ello que la banca insta a las distintas administraciones, especialmente a la central, a acelerar en todos los plazos.