¿Cuánto nos costará el «banco malo»?

En ello confía, al menos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha querido poner de relieve la importancia de la nueva norma ante los responsables económicos del Partido Popular : «El decreto ley es, sin duda, el mayor avance en muchos años desde el punto de vista de tener un entramado para evitar que se reproduzcan crisis bancarias en España. Obtendremos una de las legislaciones más avanzadas y completas para prevenir futuras crisis», afirmó. Respecto al impacto económico para el bolsillo de los contibuyentes, De Guindos fue tajante: «Ninguno».

Lo cierto es que los interrogantes que han surgido en este sentido no han sido pocos y han girado en torno al llamado «banco malo». La sociedad de gestión de activos que aglutinará el «ladrillo» de las entidades con problemas comprará a las entidades sus activos problemáticos con dinero público y se encargará después de gestionar su venta para recuperar la inversión. Ahí surge el riesgo. Si el precio de compra no es lo suficientemente ajustado , la banca recibirá una buena «inyección» de dinero por unos activos que de otro modo le hubiera sido muy difícil vender, pero el Estado, esto es, los contribuyentes, tendrían que esperar muchos años para recuperar la inversión puesto que no sería fácil encontrar compradores.

Si se da el caso contrario y Bruselas exige que se aplique un ajuste muy duro , varias entidades podrían verse obligadas a dotar nuevas provisiones por los activos, lo que generaría pérdidas y necesidades de capital extra que, una vez más, deberían cubrirse con dinero del contribuyente . Por ello, encontrar el punto de equilibrio entre los dos extremos es clave y en ello trabaja el Ministerio de Economía.

Precio de compra

Según fuentes financieras consultadas por este diario, el equipo de De Guindos trabaja ya en varios escenarios para dar con el «precio justo» al que comprar los activos. En concreto, se baraja utilizar su valor neto contable tras el último real decreto (que impuso fuertes niveles de provisiones) más un descuento adicional que oscila entre el 1%, el 5% y el 15% . Economía estudia ahora el impacto que los distintos escalones tendrían sobre el sector al tiempo que acuerda con Bruselas unos términos que no sean considerados ayuda pública.

En este sentido, De Guindos quiso dejar claro ayer que las negociaciones con Bruselas van por buen camino. Según recoge Ep, el ministro fue preguntado por el retraso en la presentación del decreto ley —que estaba previsto que fuera aprobado en el pasado Consejo de Ministros— y por la posibilidad de que la causa derivara de discrepancias con las autoridades europeas, y el titular de Economía aseguró que «no hay ningún tipo de discrepancia» y que el Ministerio, el Banco de España y el Tesoro han trabajado «de forma estrecha y próxima» con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.

«No hay ningún tipo de divergencia al respecto, sino colaboración estrecha y extremadamente positiva», zanjó Guindos, para reunirse posteriormente con el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso; el vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano ; el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons; el portavoz económico en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte; y la presidenta de la Comisión de parlamentaria de Economía, Elvira Rodríguez, entre otros.

Otro de los focos de negociación con Bruselas se centra en la búsqueda de una solución para los titulares de participaciones preferentes de entidades nacionalizadas. La reforma que se aprobará el viernes contiene un apartado específico para las preferentes emitidas por entidades que reciban ayudas , pero no la solución concreta para cada caso, que tendrá que ser autorizada posteriormente por Bruselas.

Fuentes del PP informaron a Efe que aunque el real decreto contemplará la posibilidad de que se apliquen quitas a los inversores de preferentes, el sector entiende que esto sólo será aplicable a quien quiera recuperar su dinero de forma inmediata. Se podría obtener el visto bueno de la CE para ofrecer el canje de preferentes por depósitos o bonos, con los que los ahorradores podrían recuperar, con el tiempo, todo lo invertido .