El Banco de España acusa a la cúpula de la CAM de maniobrar para enriquecerse y falsear las cuentas

El informe ha sido remitido a la Audiencia Nacional atendiendo a su solicitud de información sobre las irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil cometidos por los anteriores responsables de la CAM, que fue remitida al Banco de España en las diligencias previas. El Banco de España ha detectado evidencias de actuaciones por parte de los órganos de administración y control de la entidad para conseguir mayores retribuciones que las estatutariamente establecidas y, en caso de los directivos, de maximizar sus retribuciones y jubilaciones. Con este objetivo, se eludió la limitación de cobro de dietas utilizando sociedades participadas de la CAM, hasta el punto de que la cuantía de la remuneración no se vinculaba a asistencias y de que en el caso del expresidente Modesto Crespo ascendieron a 640.000 euros entre 2009 y 2011. «Del estudio del sistema retributivo de la alta dirección de la CAM se puede concluir que en la actuación de la caja hay una apariencia de legalidad en las retribuciones establecidas, pero se hace un uso excesivo de la relación laboral ordinaria», dice el informe, para el que además, no se han cumplido los requisitos legales en todos los casos.

En este sentido, advierte de que trece directivos se han beneficiado de una previsión social complementaria por importe conjunto de 31,6 millones de euros, antes de que la entidad alicantina fuera intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio por su delicada situación de solvencia y de liquidez. Asimismo, seis altos cargos se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones acogiéndose a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el marco de la 'fusión fría' de Banco Base -de la que la CAM fue finalmente repudiada- de los que 5,6 millones corresponden al que fuera director general Roberto López Abad.

El Banco de España advierte además de que «desde que se desvinculó de la caja, López Abad sigue recibiendo de la caja sus retribuciones como director general, a pesar de que había cesado ya en el cargo», y considera que existen dudas razonables de que su adhesión al programa de prejubilaciones se realizara dentro del plazo establecido al efecto. En suma, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez resalta que «a los seis miembros del comité de dirección prejubilados se les aplican condiciones económicas distintas, mejores, que al resto de la plantilla acogida al ERE aprobado por las autoridades laborales». También considera que están fuera de los requisitos legales y de la normativa interna aplicable la retribución variable de 1,3 millones de euros en conjunto pagada a los doce miembros del comité de dirección.

Sobre la que fuera directora general de la CAM hasta su despido disciplinario en septiembre de 2011, María Dolores Amorós, considera que presentó resultados que no se corresponden a la realidad, llevó a cabo una deficiente gestión y actuó en beneficio propio en materia de previsión social complementaria. Respecto a la deficiente gestión de riesgos, "inexistente" en relación a la liquidez, el Banco de España la atribuye directamente a Daniel Gil Mellambrera, que desempeñó distintos cargos en el organigrama de la caja, y a Roberto López Abad.

El informe destaca que se financió suelo muy por encima del precio de adquisición originaria del grupo promotor, que la caja aportó fondos sin conocer qué financiaba, y que se financiaron proyectos especulativos a la espera de actuaciones administrativas de recalificación urbanística. En este punto, incide en que hasta que López Abad se hizo cargo de la dirección general de la CAM en 2001 «sí se realizaban valoraciones y proposiciones de clasificación del riesgo de crédito asumido». «En orden a reflejar una situación de la entidad mejor de la realmente existente, se practicaron diferentes artificios contables», como enmascarar el pase de activos a fallidos para reflejar una apariencia de continuidad, la rehabilitación inadecuada de dudosos y fallidos, y la titulización de prestamos fallidos, dudosos e incluso inmuebles adjudicados en pago de deudas.

Estas prácticas contables permitieron a la CAM presentar una cuenta de resultados positiva y mucho mejor «de la que realmente debería haber presentado», destaca el informe, que detecta deficiencias «significativas» de gestión en la financiación al grupo Polaris así como a 65 sociedades vinculadas al sector inmobiliario a través de su filial TIP. La participación en TIP para la CAM derivó en pérdidas de 1.011 millones de euros, tanto por las aportaciones de capital realizadas a las sociedades como por las financiaciones y los inmuebles adquiridos, hasta suponer la tercera parte de los fondos aportados por el Banco de España (3.000 millones de euros) en su intervención para evitar su colapso.