Las ayudas de Sánchez a las empresas: solo la mitad que las de Alemania e Italia y con más retraso

Funcas calcula que Alemania ha aprobado ayudas directas por valor de 50.000 millones de euros (un 1,5% del PIB de 2020); Francia ha repartido 20.400 millones hasta marzo de 2021 (un 0,9%, aunque el plan es mayor) mientras que Italia ha desplegado 11.000 de los 25.000 millones previstos (ha repartido un 0,6% del PIB pero ha aprobado hasta el 1,5%). Frente a sus pares europeos, los 7.000 millones de España aún no se han implementado y apenas suponen un 0,6% del PIB. Es decir, las ayudas de España suponen menos de la mitad que las de Alemania e Italia , en términos relativos, y son un 30% menores a las ya distribuidas en Francia.

En comparación, las ayudas nacionales parecen más orientadas a las pymes frente al resto de potencias europeas. «España es el único país que concede una prestación mínima de 4.000 euros para todas las empresas que cumplan los requisitos de concesión de las ayudas. Esta circunstancia podría favorecer en especial a los pequeños negocios», describe el director de coyuntura de Funcas.

El sistema alemán es el más generoso de los cuatro examinados, especialmente en relación al tope de ayudas que se puede otorgar (hasta 1,5 millones de euros), frente a los 200.000 de España y Francia y los 150.000 de Italia. En Alemania, España e Italia solo los negocios que han reducido su facturación al menos un 30% con respecto a 2019 pueden solicitar las ayudas. En Francia los criterios son más permisivos, considera Raymond Torres, que encuentra que en los cuatro países las ayudas no han ido únicamente a los negocios viables.

«Mientras que en Italia las ayudas se han generalizado al conjunto de la economía, al igual que ocurre en Alemania y Francia, en España se limitan a los sectores más perjudicados (comercio, hostelería, ocio, etc)», constata Torres.

En España el plan ya se ha aprobado por decreto y serán las comunidades autónomas las que gestionen los 7.000 millones de euros en ayudas directas. Sin embargo, ATA y Cepyme han denunciado los sectores excluidos de la norma , que deja fuera a dos millones de pymes y autónomos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió ayer la puerta a ampliar su impacto, durante su tramitación como proyecto de ley, dentro del trámite de enmiendas.