Los autónomos tendrán que pagar cada final de año si cotizan menos de lo que les diga la Seguridad Social

De momento, el Gobierno trabaja en la idea de una cotización mínima de 245 euros al mes, hasta los 565 euros. Ahora bien, dependerá del trabajador por cuenta propia el modificar los rendimientos previstos en caso de mejora o empeoramiento de la facturación a lo largo del año. La Seguridad Social permitirá cambiar de base de cotización, y por lo tanto de tramo, cada dos meses. Ahora bien, esta predisposición que se arroga al autónomo para ajustar propiamente su cotización a la Seguridad Social no es baladí.

De hecho, el organismo funcionará con los autónomos tal y como hace la   Agencia Tributaria con el IRPF de los asalariados en la declaración de la renta. De este modo, la Seguridad Social observará el nivel de cotizaciones realizadas a lo largo del año por cada autónomo y les obligará a pagar si tras el saldo realizado resulta que debía de haber satisfecho mayores contribuciones de las finalmente efectuadas.

Y viceversa, si el autónomo resulta que a final de año ha pagado más cotizaciones de las que le correspondería por sus rendimientos netos, será la Seguridad Social la que abone al trabajador esa diferencia. En síntesis, al tener que declarar unos ingresos y cotizar en base a ellos, la Seguridad Social hará un saldo de cuentas similar al que hace la Agencia Tributaria con los trabajadores asalariados a la hora de ajustar su IRPF. Que se produce según el volumen de retención mensual realizada por Hacienda a través de las retribuciones y que la Seguridad Social hará mediante la cuota.

«Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la resultante de la regularización, lo trabajadores autónomos deberán ingresar la diferencia dentro del mes siguiente a aquel en que se les notifique el resultado de la regularización», señala el anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá .

Por contra, «si la cotización efectuada fuese superior a la resultante de la regularización, la Tesorería General procederá a devolver de oficio la diferencia, sin aplicación de interés de demora, antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente a aquel en que se haya comunicado los rendimientos computables, salvo que el autónomo renuncie a la devolución», caso en el que computaría como una mejora de cotización «definitiva».

Con la negociación en todo lo alto y el examen de Bruselas a la vuelta de la esquina, el ministro Escrivá avisa de que si no se alcanza un acuerdo con las asociaciones de autónomos sobre el nuevo modelo de cotización será el Gobierno el que decida con quién sigue adelante para sacar adelante la norma. No obstante, mantiene el optimismo en la evolución de las negociaciones y afirma que «el consenso se ha ido materializando y convergiendo», por lo que todo apunta a «un cierre muy cercano, sin poner un plazo».

«No nos hemos puesto un plazo concreto, pero es verdad que llevamos mucho tiempo (negociando)», señaló Escrivá tras la presentación del avance de los datos de afiliación de junio. El ministro asegura que la mesa de negociación ya está tratando «pequeños ajustes» y «sería sorprendente que no hubiera un acuerdo».

El Ministerio espera que la reforma del sistema de cotización para que los autónomos coticen por ingresos comience a aplicarse en 2023. Escrivá precisó que el compromiso con el cumplimiento del hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es «haber puesto en marcha el procedimiento» para que los autónomos coticen por ingresos reales, algo que ya se acordó entre las partes en julio de 2021. «Otra cosa es la parametrización concreta», añadía.

El Ministerio y los interlocutores sociales se reúnes este viernes para seguir avanzando en las negociaciones del nuevo modelo del sistema de cotización. Si bien, parece que las partes se darán aún unos días de margen para zanjar el proyecto definitivo que se llevará al trámite parlamentaria, una vez superadas las elecciones andaluzas.