El PNV ya asume que recaudará cuotas y pagará pensiones
Sánchez no mide el alcance de una cesión que para el Gobierno vasco es un paso para lograr una Seguridad Social vasca
El Gobierno defiende que la caja única de las pensiones no está en peligro, insiste en que aún hay que dar contenido al traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, que no hay nada decidido. Lo contrario que opina el PNV. Con la vista puesta en lograr una Seguridad Social vasca ya da por descontado que la cesión de Sánchez permitirá a esta región recaudar las cotizaciones sociales y pagar las pensiones, además de poner el sello del Gobierno vasco en todas las comunicaciones que tengan como destinatarios a los jubilados, además de controlar a los funcionarios y pactar la titularidad de los inmuebles. Una cuenta atrás para lograr una Seguridad Social vasca, el objetivo desde hace cuarenta años.
El nuevo titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá , se ha encontrado con el enredo de la transferencia encima de la mesa y le tocará pilotar una cesión que durante cuarenta años han negado al País Vasco los sucesivos gobiernos que ha tenido España por entender que suponía un quiebro en la política de solidaridad entre las regiones. El Estatuto de Guernica declara al País Vasco competente de la gestión del régimen económico, pero la Constitución proclama la unidad de la caja única del instituto público. Buscar un punto intermedio es lo que ahora deben negociar ambas partes.
Críticas de los letrados y los inspectores
Sánchez no ha medido el alcance de una cesión que para el cuerpo de Letrados de la Seguridad Social y para la Inspección de Trabajo afecta directamente a la denominada caja única, la columna vertebral del sistema de reparto, que permite la solidaridad entre generaciones y entre regiones. Los letrados aseguran que el traspaso supondría «el comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional».
Dicen que este proceso de transferencias «no puede quedar concretada en una comisión bilateral» y que es necesario que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo delimite «los principios básicos a los que debe someterse el proceso» y lo aborde al margen de las cuestiones políticas y con el «imprescindible consenso de todos los ámbitos de responsabilidad implicados (político, social y técnico)».
La asociación ha manifestado también su defensa de los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del sistema y se acoge al artículo 41 de la Constitución, que sitúa el régimen económico de la Seguridad Social dentro de la competencia exclusiva del Estado. Ello garantiza, añade, la unidad del sistema de la Seguridad Social, impidiendo diversas políticas territoriales en cada una de las comunidades autónomas.
Urgencia de las cuentas públicas
¿Por qué Sánchez cecede ahora ante el Gobierno vasco? El Ejecutivo social comunista se ha visto obligado a claudicar por la urgencia de contar con cuentas públicas, el único salvoconducto para poder seguir gobernando dado que hoy Sánchez sigue funcionando con las cuentas del PP.
Déficit de 3.400 millones
De momento es la solidaridad entre regiones la que permite que en el País Vasco se paguen las pensiones. Con el desfase que tiene entre ingresos y gastos no podría cumplir con el pago de las jubilaciones, las más elevadas de toda España. A falta de conocer los datos de la ejecución presupuestaria de 2019, la estadística de la Seguridad Social refleja que el gasto en pensiones contributivas en el País Vasco ascendió el pasado ejercicio a 8.094 millones, a lo que había que sumar 397 millones de las prestaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y otros subsidios. La factura total llegó a 8.491 millones. Los ingresos, por su parte, ascienden a 5.093 millones, lo que significa que el desfase entre lo que ingresa por cotizaciones y los compromisos de pago que tiene la región ascienden a 3.400 millones.
La política de pensiones es un asunto central en el País Vasco, fue en esta región donde se cocieron las primeras protestas de jubilados contra la política de pensiones. El colectivo reclama que la pensión mínima llegue a 1.080 euros mensuales , el incremento del salario mínimo interprofesional a 1.200 y la igualdad laboral entre hombres y mujeres. La presión del colectivo empujó al Gobierno vasco a reclamar mejoras en las nóminas, que se materializaron en los incrementos del 1,6% y del 3% para las mínimas que fueron pactados con el Ejecutivo de Rajoy en 2018 a cambio del apoyo a sus Presupuestos. El PNV terminaría apoyando a Sánchez en la moción de censura al expresidente.
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