Arranca la oleada de huelgas de los estibadores que amenaza con paralizar los puertos

La subrogación de los puestos de trabajo –excluidas las prejubilaciones, para las que el Estado ha destinado unas ayudas de 115 millones de euros– ha sido la reinvidicación central de los representantes de los trabajadores durante el largo conflicto con patronal y Gobierno. Su cuestionamiento dinamitó la pasada semana las conversaciones en la negociación colectiva.

Sucedió el jueves. En apenas dos horas el guión experimentó un brusco viraje . La reunión celebrada la semana anterior entre patronal y sindicatos de la estiba se cerró con un principio de acuerdo que había llevado a los trabajadores a mostrarse optimistas, sin reservas. Tras la asamblea celebrada en un céntrico hotel madrileño a la que acudieron cerca de 200 delegados sindicales de todo el país para ratificar dicho documento, el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, exhibía su entusiasmo con la idea de que en la siguiente cita las partes iban a lograr «terminar de rematar» el pacto, con el fin de retomar «la más absoluta normalidad en los puertos». Goya, incluso, recibió felicitaciones por haber logrado arrancar un compromiso de garantía de empleo para prácticamente todo el colectivo de más de 6.100 estibadores en lo que parecía una tormenta perfecta:a la presión del Tribunal de la Justicia de la UE se había sumado la respuesta urgente a la que impelía el Gobierno español y las advertencias de algunas navieras, que habían comenzado a desviar tráficos.

Esa estabilidad es hoy una quimera . Se disolvió en los cerca de 120 minutos que transcurrieron desde el comienzo de la cita del pasado jueves hasta que se dieron por heridas de muerte, pese a la constitución de la mesa negociadora, las conversaciones para fijar el desarrollo normativo del real decreto.

En un giro de 180 grados, los términos en que se fundamentaba el acuerdo de mantenimiento de empleo parecían haberse volatilizado. Por parte de los sindicatos, Goya, respaldado por UGT y CC.OO., denunció que se sentían «engañados y maltratados» por Anesco, que había matizado su propuesta de subrogación para incluir un estudio, caso por caso en cada puerto, de las condiciones de la plantilla. El propósito era determinar posibles «situaciones de sobredimensionamiento y falta de competitividad », aparte de imponer la reducción –aceptada por los trabajadores– de rebajarse un 10% para los sueldos de más de 2.230 euros al mes.

Por su parte, Anesco denunció que lo que los sindicatos pretenden es prorrogar el régimen de las actuales Sagep , los registros restrictivos monopolizados por los propios trabajadores que ha eliminado la nueva legislación, por la presión de la justicia europea, que había impuesto una multa a España. «Esta propuesta sindical amplía el ámbito de la garantía en el empleo a todos los trabajadores presentes y futuros, así como el ámbito temporal a perpetuidad, más allá de lo tratado anteriormente en el proceso desarrollado durante los últimos meses», explicaron desde la organización patronal.