Los agentes de la propiedad defienden medidas no intrusivas para regular el alquiler

En este sentido, el presidente del Consejo General de COAPIs (Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad) de España y del COAPI de Barcelona, Gerard Duelo, subraya que «el vaivén legislativo perjudica de manera notable al sector , pues no da seguridad a nadie: ni a arrendadores, ni a arrendatarios, ni a inversores, ni a los propios API». Por otro lado, Duelo considera «peligroso» que las administraciones intervengan en exceso en la evolución del mercado inmobiliario.

Eso sí, la organización considera de «vital importancia implementar una regulación eficaz y actualizada del sector del alquiler para garantizar el correcto acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía». Hasta la fecha, las medidas políticas ponían sobre la mesa elementos jurídicos que incrementaban la seguridad del arrendatario como el incremento en la duración de los contratos, la vinculación del incremento de las rentas anuales al IPC o la creación de un índice «oficial» de precios de la vivienda.

Pero las vías de actuación que propone el presidente del Consejo General de COAPIs persiguen el control indirecto de los precios a partir de medidas que no resulten intrusivas para el mercado y permitan el equilibrio entre oferta y demanda. Por ejemplo, incrementar el parque de viviendas de uso de social, la incentivación fiscal para los propietarios de viviendas y, sobre todo, la regulación de manera efectiva de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) para incrementar la oferta disponible para alquileres de larga duración.

«Los APIs estamos de acuerdo en la necesidad y urgencia de regular el mercado del alquiler de grandes ciudades como Barcelona y Madrid», asegura Duelo. «No obstante, el cómo, el cuándo y el dónde se deberán aplicar estas medidas deberá ajustarse de manera precisa y acorde con las necesidades y características de cada mercado», indica.

Así, el objetivo principal del sector inmobiliario en las grandes ciudades españolas es conseguir la proporción entre la renta per cápita de los residentes y el precio medio de los alquileres. Y es que en las dos principales urbes del país la cuantía alcanza los 950 euros mensuales (15 euros por metro cuadrado), un 35% más que hace cinco años .