La Comisión Europea acusa a las automovilísticas alemanas de violar la ley de competencia

La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea desde 2018 ha determinado que las directivas de las automovilísticas alemanas acordaron sin autorización evitar introducir convertidores catalíticos SCR pata motores diésel y aunaron posturas sobre los filtros de partículas para motores de gasolina (OPF) en conversaciones mantenidas por lo que denominaban internamente «Círculos a cinco». Una vez decidido que todas utilizarían los mismos componentes, quedaba establecido que no seguirían investigando en nuevas tecnologías para reducir las emisiones contaminantes, con el consiguiente ahorro en inversión en I+D que se traducía en un aumento de beneficios para las empresas.

En el establecimiento de las multas, la Comisión Europea se guiará por el número de vehículos afectados por esta política y vendidos a consumidores europeos, por lo que estamos hablando de una práctica prolongada durante años y que afecta a millones de vehículos que darán como resultado, según calcula el diario salmón alemán Handelsblatt, «miles de millones de euros» y puede llegar a suponer el 10% de la facturación mundial.

La primera reacción de Volkswagen ha sido un comunicado en el que anuncia que revisará la acusación y hará una declaración a lo largo del día de hoy. Según VW, la Comisión reconoce «en principio, que la cooperación entre fabricantes en cuestiones técnicas en la industria automotriz es común en todo el mundo». Ya el año pasado, señala la empresa, la Autoridad encontró que no había pruebas suficientes para clasificar las citadas conversaciones como comportamiento anticompetitivo.

Daimler por su parte espera que a pesar de las acusaciones no haya multas. «Daimler ha cooperado de manera temprana e integral con la Comisión Europea como testigo y, por lo tanto, no espera una multa en este asunto», ha publicado en un comunicado. Tanto Daimler como Volkswagen presentaron una solicitud de clemencia el año pasado.

La Comisión Europea, sin embargo, acusa a las compañías de haber reducido la competencia de innovación de Europa en estos dos sistemas de control de emisiones, negando a los consumidores la opción de comprar vehículos más ecológicos, a pesar de poder contar con la tecnología necesaria para ellos, han explicado los funcionarios de la competencia. Si finalmente se confirma la sospecha, sería una violación de la ley antimonopolio europea , incluso si no se trata de acuerdo sobre precios.

Las posibles violaciones de las regulaciones ambientales no son parte del procedimiento. Las investigaciones también son independientes de otras en curso, como las que dirigen varias fiscalías sobre la utilización de dispositivos de trucaje inadmisibles en la fabricación de los automóviles.