Planta termosolar de Abengoa
Planta termosolar de Abengoa - ABC

Abengoa vende a unos fondos una parte de sus derechos de arbitraje contra España

La compañía andaluza reclama una indemnización de 1.500 millones de euros por los recortes a las renovables del Gobierno de Rajoy

Madrid Actualizado: Guardar
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Abengoa ha alcanzado un principio de acuerdo con un conjunto de fondos para la venta, por un importe inicial de 75 millones de euros, de una participación en el arbitraje interpuesto en 2013 contra el Reino de España en la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte a las primas a las renovables impuesto por el Gobierno de Rajoy.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa ha procedido a solicitar a sus acreedores los consentimientos necesarios para formalizar la operación con este conjunto de «fondos de reconocido prestigio».

La denuncia fue interpuesta por la luxemburguesa CSP Equity Investment, propiedad al 100% de Abengoa, que era titular de varias instalaciones de energía termosolar en España: Helioenergy 1 y 2, Solacor 1 y 2, y Solaben 2 y 3.

Hay que subrayar que España acumula medio centenar de arbitrajes en distintos tribunales internacionales por los cambios legislativos aprobados por el Gobierno del PP en 2012. Estas denuncias solo pueden ser presentadas por inversores extranjeros en nuestro país, no por compañías españolas. Estas deben recurrir, como hicieron algunas, a los tribunales de nuestro país.

La operación de Abengoa está previsto que se estructure como una participación en los derechos de crédito que pudieran surgir del arbitraje en favor de CSP a cambio de un precio inicial de hasta 75 millones de euros así como una cantidad adicional, «una vez cubiertos los costes de los inversores, cuyo porcentaje dependerá del importe reconocido y cobrado del arbitraje».

La compañía que preside Gonzalo Urquijo precisa que se trata únicamente de un principio de acuerdo y que la formalización del mismo está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones entre las cuales se encuentra «la obtención de los consentimientos» de los acreedores.

Por otra parte, la compañía informó hace un mes que el laudo correspondiente al procedimiento arbitral seguido entre su filial Instalaciones Inabensa, S.A. contra Ketraco (Kenya Electricity Transmission Company Limited), en Kenia, bajo normativa Uncitral (United Nations Comission on International Trade Law, Arbitration Rules 2010), ante el IEK (Institution of Engineers of Kenya) y en relación con el proyecto de interconexión Kenia-Uganda, da la razón a Inabensa, reconociendo a su favor 38,24 millones de euros.