Miguel Temboury
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«La ley de Segunda Oportunidad rescatará a 500.000 familias y autónomos endeudados»

Entrevista con Miguel Temboury, subsecretario de Economía

maribel núñez
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Miguel Temboury es uno de los colaboradores más directos del ministro de Economía, Luis de Guindos. Abogado del Estado de profesión y con amplia experiencia tanto en la Administración como en despachos privados, es el encargado de poner la letra pequeña a los objetivos políticos del Ministerio. En los últimos meses ha centrado sus esfuerzos en buscar la fórmula para rescatar a pequeños empresarios y ciudadanos atrapados por las deudas.

-La ley de Segunda Oportunidad para las personas físicas que aprobó el Gobierno a finales de febrero la habían reclamado ya para nuestro país muchos organismos internacionales.

-¿Por qué se ha tardado tanto?

-Desde el principio de la legislatura una de las principales preocupaciones del Gobierno ha sido atenuar la carga de deuda de las empresas y las familias. Hemos seguido un orden. Lo primero fue aprobar el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, que era y es una respuesta bastante útil a las familias con menos recursos. Luego hubo que atender las insolvencias, o potenciales insolvencias en muchos otros ámbitos, empezando por las administraciones públicas, siguiendo por las entidades de crédito, las propias empresas y ya, una vez saneado el sistema financiero, podemos culminar la reforma con esta regulación de Segunda Oportunidad. Creemos que es muy importante porque se trata de una reforma estructural que da una respuesta estable a problemas concretos de los ciudadanos.

- ¿Y el orden tenía que ser ese?

- El orden puede ser cuestionable pero, desde luego, nuestra primera preocupación era y es la gente con más necesidad, y de ahí la ley que aprobamos en 2012. Luego también en todo el ámbito de la insolvencia es importante valorar cuántos son los potenciales afectados. De ahí que hayamos atendido primero a los que tienen un mayor número de acreedores, como las administraciones públicas o las entidades de crédito y luego al resto.

-¿Cuántas personas calcula que se podrán beneficiar de esta ley?

-Esta ley, a diferencia de otras en el ámbito hipotecario, no tiene un umbral de acogida. Es para cualquier deudor, porque todos somos potenciales deudores. Lo que sí es verdad es que nos gustaría que se pudiera dar salida a quienes ya están en una situación de insolvencia, aquellos a los cuáles la normativa actual en cierto modo les puede haber incentivado a estar en la economía sumergida. Podemos estar hablando de medio millón de familias y autónomos, aunque la cifra es estimada.

-Una de las novedades de la ley es el mediador. ¿En qué consiste?

-La anterior norma tenía un cuello de botella ya que prácticamente todos los temas relacionados con las insolvencias tenían que pasar por el juzgado mercantil, un tapón porque sólo hay alrededor de 60 juzgados de este tipo en España y no dan abasto. Es necesario ampliar las competencias judiciales, lo que se va a hacer en breve, atribuyendo las insolvencias de personas físicas a juzgados de primera instancia, aunque nosotros lo que siempre hemos querido es intentar resolver el conflicto antes de llegar a la vía judicial. Para eso se abren muy diversos caminos y en determinados ámbitos es importante el mediador, sobre todo en el caso de pequeños deudores, porque va a ayudar a encontrar una posición de común acuerdo. En el caso de pequeñas empresas podrán acudir a la mediación de las Cámaras de Comercio, que están también muy bien preparadas.

-¿Cuál es la principal novedad del Código de Buenas Prácticas?

-Hemos ampliado el ámbito del umbral de exclusión estableciendo unas mayores rentas para poderse acoger al mismo. Hemos subido algo también el valor de las viviendas y hemos incluido a las personas mayores de 60 años como colectivo de mayor vulnerabilidad. La novedad es también que las personas acogidas al Código podrán librarse definitivamente de la denominada cláusula suelo. Hasta ahora se han acogido 30.000 familias a este Código, incluidas las suspensiones de lanzamientos. Ahora tenemos 12.000 reestructuraciones viables, 12.000 suspensiones de lanzamientos, 3.500 daciones en pago y 2.000 acogimientos al Fondo Social de Vivienda. No se puede decir que el Código de Buenas Prácticas no haya tenido efectos positivos. Algunos nos dicen que es insuficiente, pero la verdad es que hemos sido sensibles para dar cabida en la práctica a todo aquel que de buena fe y bajo circunstancias de especial vulnerabilidad no puede hacer frente a la hipoteca.

-¿Estos cambios suponen la desaparición de las cláusulas suelo?

-No. Las cláusulas suelo son abusivas cuando son oscuras y cuando se puede demostrar que el deudor no la conocía. Hay cláusulas de este tipo que son perfectamente conocidas por el deudor y que compensaban en cierto modo un menor diferencial de tipos de interés

- ¿Han abusado los bancos de estas cláusulas?

-Si ha habido abusos la justicia está actuando. Es como tiene que ser porque así está previsto en el ordenamiento jurídico.

-En el asunto de las preferentes también ha habido muchos abusos por parte de las entidades financieras.

-Todo el ordenamiento jurídico es cuestión de equilibrio. Hay una presunción en la que se basa el ordenamiento jurídico que dice que los españoles son mayores de edad a partir de los 18 años. Hay que tener normas prudentes de actuación pero sin menoscabar la capacidad de decisión de los individuos a la hora de contratar sus hipotecas y otros productos financieros.

-¿Cuántos desahucios se han evitado con la nueva norma?

-Desde que se aprobó el decreto de noviembre de 2012 se han suspendido 12.000 lanzamientos y la norma se ha prorrogado hasta mayo de 2017. Además en 2013 limitamos la capitalización de intereses, los intereses de demora, etc. Lo que no era razonable es que el deudor incumplidor se viera sometido a una especie de esclavitud financiera y si le desahuciaban de su casa con una deuda de 100.000 euros era perfectamente posible que, al cabo de 10 años, debiera un millón.