«Turismo de prestaciones» o cómo cobrar ayudas sociales sin tener derecho

Esa maraña de ayudas sociales aprobadas por comunidades autónomas y ayuntamientos no sólo carece de esa falta de supervisión que permitan identificar que su reparto es equitativo, sino que además ha provocado un «turismo de prestaciones», que hoy no ha podido evitar que algunos parados hayan cambiado de ciudad para disfrutar de ayudas más elevadas sin prácticamente ningún impedimento o fraudes como los cometidos en Vitoria, donde una pareja paquistaní llegó a cobrar 10.000 euros al mes en ayudas sociales, 395.000 euros en un año, como ya informó ABC.

Los controles fallán, no hay filtros y no existen trabas para que alguien pueda darse de alta como residente, especialmente si no es legalmente español y conseguir las subvenciones de los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas. «Varios miembros de una familia se pueden desplazar a diferentes ciudades y conseguir subvenciones. Como además basta con vivir en casa de familiares pueden cobrar sin vivir en las viviendas donde tienen oficialmente la residencia», asegura a ABC José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE.

¿Cómo evitarlo? «Sólo teniendo interconectados todos los servicios sociales en un banco de datos único a nivel nacional. Y no no es fácil», asegura Pin Arboledas. Explica que los asistentes sociales de cada servicio social son los que hay que deberían comprobar las necesidades reales; pero en ese caso puede que el coste del control es superior. «La picaresca es parte de la naturaleza de esta sociedad burocratizada, con lagunas legales que aprobechan los nuevos pícaros que viven a costa del Estado, es decir de todos nosotros», concluye el profesor.

Garantizar que ningún desempleado se quede sin recibir ayudas sociales y otros las reciban por partida doble, en algún caso, es el objetivo que ha movido al Ministerio de Empleo a diseñar un mapa de prestaciones en España que permita controlar de forma más eficaz el destino del dinero público, cuyo reparto es ahora desigual entre las regiones españolas.

El Estado concede una «ayuda familiar», un subsidio de 426 euros al mes del que disfrutan parados que carecen de rentas o reciben menos de de 494 euros,tienen responsabilidades familiares(hijos menores de 26 años, hijos discapacitados, que estén a su cargo y cónyuge) y han agotado la prestación por paro o bien no pueden cobrarla porque tienen cotizaciones superiores a tres meses, pero no llegan al año requerido. Y desde enero un programa adicional también concede una ayuda de 426 euros al mes durante un máximo de seis meses, a los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones y tengan cargas familiares. Pero paralelamente a estas ayudas, cada comunidad, y muchos ayuntamientos, tienen sus propios salarios sociales. Y cada uno, con un nombre distinto y un importe diferente, que suele estar ligado al Iprem (532,51 euros al mes)