Las claves de la investigación sobre la salida de Bankia a Bolsa

Además de Bankia y BFA, también tienen que cubrir la fianza -de forma solidaria entre todos- el expresidente de la caja Rodrigo Rato y los exconsejeros Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, a quienes el juez considera responsables del acuerdo de 2011 en el que el consejo de administración de Bankia aprobó las cuentas que se incluyeron en el folleto de la ops.

Bankia y BFA ya anunciaron ayer que recurrirán la medida para defender a sus «accionistas», entre los que están los contribuyentes, ya que el Estado, a través de la participación del FROB en BFA (100%), controla el 62,5% de Bankia. Aún así, la entidad también tiene en mente pedir a los exdirectivos señalados que asuman su parte si hay que depositar los 800 millones. Si no lo hacen, el juez ordenará el embargo de sus bienes. Estas son las claves de la causa que investiga las irregularidades en la salida de Bankia a Bolsa:

— Respaldo a los peritos

BFA-Bankia, los imputados y el FROB trataron de desmontar el informe pericial que cuestiona las cuentas del grupo. El juez respalda a los dos técnicos del Banco de España que lo elaboraron, y valida su tesis de que Bankia salió a Bolsa con cifras falsas. Andreu destaca en su texto «la especial relevancia que tiene y ha de tener», dice, la pericial como diligencia, y recuerda que el contrainforme de Bankia no niega esa conclusión.

— Indemnización difícil de fijar

El juez explica que fijar la indemnización que correspondería a cada inversor afectado «es de muy difícil y laboriosa cuantificación», pues algunos vendieron sus títulos a un precio mayor del que los compraron, algunos a un precio inferior y otros mantienen las acciones, cuyo valor es hoy muy inferior. «En cualquier caso, esto no puede significar que no se deban, ni que no se puedan, asegurar las posibles responsabilidades», matiza.

— La factura del futuro arbitraje

Los 800 millones fijados de fianza, aunque no equivalen a la cuantía que se abonará a los afectados, que Economía estima en unos 600 millones, puede servir de orientación. De hecho, Andreu señala que su cálculo equivale a la tercera parte de los 1.800 millones invertidos por particulares en la opv, esto es, 600, más un tercio de esta cantidad. Eso sí, el juez añade que los institucionales que invirtieron en la operación, como los grandes bancos del país y Mapfre, tienen abierta la vía legal para reclamar también su dinero.