Madrid reta a Montoro y renuncia a la financiación gratis que le ofrece

El Gobierno aprobó a finales del pasado año un instrumento para aliviar la carga financiera de unas endeudadas autonomías y entidades locales en sus préstamos, aprovechando el bajo coste al que está emitiendo el Estado. Con el nuevo sistema, las Administraciones podrían endeudarse a tipo cero de forma que el Estado asumiría los intereses y obtendría financiación con los menores tipos del Tesoro. El Ejecutivo había previsto que la asistencia a las autonomías se articulara a través de tres fondos. Uno de facilidad financiera para las regiones cumplidoras, por el que se financiarán al 0% en 2015, 2016 y 2017; el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para las incumplidoras, y el fondo social, para que las comunidades financien las deudas con ayuntamientos en materia de gasto social.

Solo entre las autonomías, Hacienda había calculado un ahorro de 5.911,49 millones de euros, de los que 219 millones correspondían a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Gobierno de Ignacio González denuncia que este ahorro estimado es «nulo» en su caso ya que, en su opinión, el Ministerio ofrecía cifras «ficticias» al contabilizar partidas de otros años, datos del plan de pago a proveedores además de estimar unos tipos de financiación superiores a los que marca el mercado para la región.

El Ministerio de Hacienda se reafirmó ayer en sus cálculos y recordó que mientras el coste medio de endeudamiento a largo plazo de las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) fue del 2,08% en 2014, el de Madrid ascendió al 3,16%. Según los cálculos de Hacienda, los 219 millones de euros que se ahorra Madrid se desglosan en 55,03 millones por liquidaciones negativas que dejará de pagar al Estado relativos a los ejercicios 2008-2009 además de los intereses correspondientes –unos 0,83 millones–, los 96,7 millones de nuevas emisiones que dejaría de afrontar la comunidad madrileña así como el ahorro por el Fondo del Plan de Pago a Proveedores de 2012, 2013 y 2014 –54,97 millones– y las reestructuraciones de este fondo y del FLA aprobadas, de unos 12,07 millones.

Desde hace años, la Comunidad de Madrid se ha erigido en una de las regiones más críticas a la asistencia financiera del Estado a las autonomías en dificultades a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En primer lugar, Madrid se opuso a sumarse a este mecanismo ya que no quería contar con el estigma de compartir riesgo con regiones que han incumplido el objetivo de déficit público como Valencia o Cataluña, un argumento que ha repetido ahora, acusando al nuevo instrumento de financiación a «tipo cero» de «mutualizar la deuda».

Este aspecto, en sus palabras, agrava el «trato discriminatorio» entre regiones ya que beneficia a las autonomías que no hicieron ajustes y no puede acceder a los mercados, al otorgarles financiación sin intereses frente a las regiones cumplidoras que sí podían seguir endeudándose sin intervención del Gobierno central.

Otro de los argumentos esgrimidos por Madrid para declinar la asistencia del Estado apunta a que la comunidad no quiere ceder autonomía financiera al Ministerio de Hacienda, y prefiere mantener su independencia en el área económica. Todas estas diferencias entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid ya quedaron patentes cuando el Ejecutivo propuso el nuevo sistema de financiación autonómica en el último Consejo de Política Fiscal.

Sin embargo, la negativa de la Comunidad de Madrid contrasta con la postura de otras regiones críticas con la financiación sin intereses prevista por el Estado como Castilla y León, que sí se sumará al Fondo de Facilidad Financiera para aquellas autonomías que cumplieron con el objetivo de déficit público.

La adhesión se produce tras una reunión «a primerísima hora» entre el presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, para aclarar las «dudas» y «requisitos» exigidos en un asunto que había hecho saltar chispas entre ambas administraciones, informa Isabel Jimeno.

El Ejecutivo castellano y leonés se adhiere al fondo porque «no se puede despreciar el hecho de que los ciudadanos se van a beneficiar de unos ahorros», señaló Del Olmo. En concreto, 93,8 millones de euros en 2015, de los cuales 20 proceden del alivio del menor pago de intereses al financiarse a «coste cero» a través del Estado –hay que sumar otros 36 millones en 2016 y otros tantos en 2017 por este mismo concepto– y 73,8 de la condonación de las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de 2008 2009 y que la Junta no tendrá que devolver. Este ha sido un factor «clave, determinante» para el «sí» definitivo, argumentó la consejera.

Al margen de las autonomías, las entidades locales también podrán beneficiarse de la nueva financiación a tipo cero, ya que cuentan con dos instrumentos: un Fondo de Impulso Económico para entidades que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, y uno de Ordenación para las administraciones muy endeudadas que incumplan el periodo medio de pago a proveedores, para las que el plazo de adhesión al nuevo mecanismo no acaba hoy sino más adelante.