El fin del alquiler de renta antigua pone en peligro hasta 85.000 negocios

Estos son los ejemplos más reconocibles en la capital española de los locales de renta antigua, que el pasado jueves, día 1 de enero, vivieron su punto de inflexión. La ley de arrendamientos urbanos que se encuentra en vigor (y que data de 1994) establecía una moratoria de veinte años, hasta el 31 de diciembre de 2014, para poner fin a los términos fijados en la regulación aprobada en 1964.

En la práctica, esta decisión supondrá el final de estos contratos, con un importe inferior al de los precios del mercado actuales , si bien solo afecta a los alquileres cuyo arrendatario sea una persona jurídica; es decir, los inquilinos que sean personas físicas quedan al margen del cambio.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) había previsto inicialmente que esta medida iba a afectar a 200.000 locales . Sin embargo, durante los últimos años arrendadores y arrendatarios se han puesto en muchos casos de acuerdo para evitar un conflicto dañino para ambas partes. En términos generales, a los propietarios les conviene conservar a sus actuales inquilinos.

«A no ser que sea un arrendatario problemático, al propietario le interesa llegar a un acuerdo. La propia ley de arrendamientos urbanos propicia en su texto la negociación, ya que otorga al inquilino de renta antigua ciertos derechos preferentes e incluso indemnizaciones. Así, durante el año siguiente al fin del contrato el arrendatario de renta antigua tiene prioridad para alquilar otra vez el local en las mismas condiciones que las ofertadas a un nuevo inquilino», explican desde la sociedad de tasación Tinsa.

Ello ha llevado a que muchos propietarios hayan renegociado en los últimos años las rentas , «con aumentos de entre el 25% y 30%», añade César García, secretario de política institucional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos en España.

Estos acuerdos han mitigado los efectos para una buena parte de los comercios. Pero no han conseguido impedir que unos 65.000 inquilinos afronten en toda España un encarecimiento de sus rentas que, en algunos casos, se han multiplicado hasta por siete. Tinsa considera que esta cifra de afectados es, incluso, mayor (entre 65.000 y 85.000). UPTA calcula, asimismo, que la revisión de las rentas y el cierre de los negocios conllevará la destrucción de entre 110.000 y 115.000 puestos de trabajo.

En el aspecto económico, la duda se encuentra en qué repercusión tendrá sobre el mercado inmobiliario: si la salida a la venta o al alquiler de nuevos locales impactará en las previsiones del sector para el presente ejercicio. Los expertos inmobiliarios consultados consideran que este hecho contribuirá a aumentar la oferta actual de espacios comerciales en las zonas más codiciadas o «prime» de las ciudades (es decir, los centros urbanos, áreas que despiertan mayor apetito inversor para las grandes marcas), aunque no vaticinan un incremento significativo.

«No hay tantos locales y no vemos claro que estos se adquieran rápidamente. En algunos casos, las expectativas de los propietarios son demasiado elevadas», concluye Ángeles Pérez, directora de «retail» en zonas «prime» de la consultora inmobiliaria Jones LangLasalle.