«Pedimos sensibilidad al Gobierno para llegar a un acuerdo entre ambas partes»

«Los comercios podrían pasar de pagar 2.000 euros al mes a pagar 18.000 o 30.000», señaló César García, que aseguró que la mayoría de los locales tendrán que cerrar o cambiar de zona: «Han pasado 20 años de moratoria, pero el problema ha surgido ahora. La gente nos llama para contarnos sus historias, y la situación es de mucha impotencia».

El problema se agrava para algunos comerciantes, puesto que ya ni siquiera saben quién es el dueño: «Puede darse el caso de que el propietario inicial puso el local como un aval ante una entidad bancaria, que finalmente se quedó con el comericio, y a lo mejor incluso lo metió en un fondo buitre y no se sabe cuál es el propietario» afirmó García.

Si ya se sabía que algo así iba a suceder en el futuro, ¿por qué no se buscó antes una solución? El secretario institucional de UPTA admitió que deberían haberse preparado «con algo más de tiempo, montar una red de asesores y unos servicios de mediación para poder estudiar los casos uno a uno. Ha venido todo de golpe».

Por su parte, Enrique Oviedo también se mostró preocupado ante el inminente suceso: «El fin del contrato afectará bastante a los comerciantes de toda España que no lo hayan solucionado, podrían perder el local». «Son cosas que hay que arreglar, también casos especiales, como cuando se muere el comerciante y el cónyuge tiene que dejar el establecimiento»

El presidente de la comisión legislativa de la Asociación Española de Comercio que lo mejor era que comerciantes y propietarios se sentaran para negociar, y pidio «sensibilidad al Gobierno y a la Ministra de Fomento para llegar a un acuerdo entre ambas partes».

Tanto uno como otro se muestraron de acuerdo en que la mejor solución para el problema sería la de alargar la moratoria unos años más, «con una serie de condiciones con las que el propietario pueda obtener más renta», afirmó García, y que con el paso del tiempo se vaya equiparando el alquiler al precio verdadero de mercado. Enrique Oviedo señala que se podría obtener «un incremeto del 30% para los próximo cinco años», para ir adaptándose con mayor tiempo.

El problema, según César García, es que si no se logra el consenso, muchos emprendedores no podrán hacer frente al alquiler de los locales comerciales, por lo que tendrán que marcharse a otros lugares: «Al final, nos vamos a encontrar con un verdadero problema».