Hacienda propondrá a las autonomías asumir los intereses de su deuda

La reforma se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, el 26 de diciembre, y beneficiará tanto a las emisiones para cubrir el déficit del ejercicio , como a las necesarias para cubrir los vencimientos que se vayan produciendo. Aparte del tipo cero, la novedad del nuevo FLA es que no sólo afectará a los vencimientos de emisiones colocadas en el mercado, sino también a créditos bancarios.

Asimismo, y como pedían desde hace semanas comunidades como Castilla y León, el Gobierno creará un «FLA blando» para las regiones ahora no acogidas a este mecanismo de financiación, a coste cero, y con exigencias presupuestarias más reducidas.

La pertenencia de las autonomías al nuevo FLA diseñado por el Gobierno será voluntaria. El atractivo del nuevo mecanismo reside en las ventajosas condiciones financieras que ofrece. En lo que va de año, el Gobierno ha emitido deuda con un interés medio del 1,56%, muy inferior al que afrontan las autonomías que siguen financiándose en los mercados.

A cambio de esta asistencia, Hacienda mantendrá un estricto control sobre las cuentas de aquellas autonomías acogidas al FLA que no cumplan los objetivos de equilibrio presupuestario apalabrados con el Estado. De esta forma, todas las autonomías podrán endeudarse bajo el paraguas del Estado a un coste mucho menor que el actual, ya que será el Tesoro Público el que capte la financiación de los mercados para después transferirlo a las comunidades.

El objetivo del Ejecutivo es que las comunidades destinen este colchón de liquidez a reducir el déficit autonómico, gran obstáculo del Gobierno para cumplir el objetivo fijado por Bruselas para 2015, el 4,2% del PIB. En la víspera de las elecciones regionales y municipales, la desviación de las comunidades hasta septiembre de este año llegó al 1,14% del Producto Interior Bruto, un porcentaje superior al objetivo medio fijado para todo el año, del 1%.

Precisamente, el pasado martes la Autoridad Fiscal Independiente avisó de que las comunidades sobrepasarían el límite de déficit apalabrado con el Estado para este año, pero también para el siguiente -del 0,7% del PIB-. El organismo calcula que a cierre de 2014 Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia duplicarán el déficit previsto, mientras que de cara a 2015 prevé el probable incumplimiento de otras cinco comunidades: Andalucía, Aragón, Baleares, Madrid y La Rioja. Por su parte, la deuda pública autonómica también se disparó hasta un 16,15% en el tercer trimestre del año frente a 2013 y ya supone un 22% del PIB español: 232.009 millones de euros, según el Banco de España.

«Vamos a ofrecer no sólo el aval del Estado, sino que esa administración territorial tenga todas las ventajas de financiarse como el Tesoro, liberar presupuesto, no tener un coste financiero superior»», describió ayer el propio ministro Cristóbal Montoro en los pasillos del Congreso de los Diputados en referencia también a las entidades municipales, ya que la próxima semana se reunirá también la Comisión de Administración Local.

De salir adelante la propuesta del Gobierno, Cataluña sería la región más beneficiada, ya que es la que tiene mayor deuda pública, unos 63.075 millones de euros, y un mayor gasto en intereses, con 2.077 millones presupuestados en 2014. Del montante total del pasivo catalán, en torno a un 40% pertenece al Estado ya que, desde que el Ejecutivo creó el FLA en 2012, Cataluña ha recibido 27.538 millones de euros en préstamos del Gobierno central a través de este mecanismo y del Fondo de Pago a Proveedores. El pago de intereses de deuda drenó un total de 8.889 millones de euros de las cuentas autonómicas en el presente año, según estimaban las comunidades en sus presupuestos.

Desde Barcelona, el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, lamentó que el Gobierno central no debata con las comunidades los cambios que estudia aplicar sobre la deuda autonómica, y aseguró que desconoce si las medidas «son humo o bien son sustanciales» ya que nadie del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha contactado con el Ejecutivo catalán.

El salvavidas financiero también llegará a través del Fondo de Pago a Proveedores. Asimismo, el Consejo de Política Fiscal también abordará el llamado «FLA social», de unos 1.000 millones de euros, para que las autonomías paguen sus deudas a los municipios con el objetivo de que estos últimos garanticen la prestación de servicios sociales a los ciudadanos.

En las últimas semanas, el Gobierno ha estudiado varias fórmulas para asistir a las comunidades autónomas. Si bien Hacienda estudió la posibilidad de una quita de la deuda autonómica, finalmente esta fórmula ha quedado descartada ya que tenía «mala venta» de cara al exterior, como señaló el pasado martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Con la modificación del FLA, la idea del Ejecutivo es mejorar el mecanismo de liquidez actual para las comunidades hasta que se apruebe la reforma de financiación territorial en 2016. Mariano Rajoy, admitió hace unos meses que la idea original era implementarla junto a la fiscal a lo largo del próximo año, pero la falta de recursos de las comunidades llevó al Gobierno a postergarla.