UPyD pedirá la imputación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez

Así lo ha anunciado el abogado de la formación, Andrés Herzog, después de que se conociera ayer el dictamen de los dos peritos designados por el Banco de España para trabajar en el «caso Bankia» que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Para el letrado, la «contundente» y «exhaustiva» pericial viene a confirmar que hubo una estafa desde la propia constitución de la matriz del grupo en diciembre de 2010, a raíz de la cual se «emprendió una huida hacia adelante en una estrategia suicida».

En este sentido, ha criticado que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, «encubriera y dulcificara» la gestión «delictiva» de su antecesor, Rodrigo Rato y ,aunque el «reproche no es comparable» desde el punto de vista penal, considera que debería aclarar las críticas que hace el informe a su reformulación de cuentas, que tampoco expresaron la «imagen fiel» de la entidad.

Herzog también ha valorado la posibilidad de reclamar las testificales de las 29 empresas que, según el informe, adquirieron acciones en el debut bursátil, algunas incluso «con relaciones de dependencia» respecto a la entidad y otras con operaciones refinanciadas y retrasos generalizados en el pago de cuotas.

Así, los expertos señalaban que sociedades «dependientes» de Bankia y BFA presentaron órdenes de compra no vinculantes por 357 millones de euros , sin las que «las acciones ofertadas se habrían reducido a 284 millones», por debajo del límite establecido por la CNMV.

Entre ellas, citaban a Mapfre, que poseía el 15 % de BFA, «y por tanto con influencia significativa en su gestión», y que presentó órdenes de compra por 281 millones.

Además, otros 17 inversores adquirieron títulos a pesar de tener riesgos refinanciados, «por lo que no se entiende que compraran acciones teniendo problemas en el servicio de su deuda», como Salvador Vila, Hercesa y Espacios para Vivir.

Otros las vendieron «rápidamente», como la Cámara de Comercio de Madrid, que se deshizo de su inversión de 12 millones a los dos días de la salida a bolsa, casos que les suscitaban «serias dudas sobre los motivos de la suscripción», aseguraban los expertos.

Sin embargo, la más relevante fue la participación de la Corporación Gestamp, que compró casi 15,5 millones de acciones por 58 millones mientras suscribía un acuerdo por el que Bankia «compensaría las eventuales pérdidas derivadas de la inversión» , como así resultó, cuando la entidad terminó asumiendo 26 millones por ello.

No obstante, el abogado ha lamentado los «grandes ausentes» en el informe, el Banco de España y la CNMV, sin los que no hubiera sido posible todo lo ocurrido y que, en su opinión, es constitutivo de «graves delitos» que podrían alcanzar los 10 años de prisión. Por ello, volverá a reclamar la imputación de Fernández Ordóñez y Segura, algo que le ha negado en varias ocasiones la Audiencia Nacional.

También la de Deloitte y su socio, Francisco Celma, a los que los peritos recriminaban que no hubieran detectado los errores presentes en las cuentas anuales individuales y consolidadas desde su constitución hasta las formuladas por Rato y las reformuladas por Goirigolzarri en 2012.

Por último, y mientras finaliza el estudio de la pericial para barajar otras diligencias, reclamará la imputación de los otros 80 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que usaron sus tarjetas opacas de los que el informe destacaba su «clara voluntad» para esconderlas.