Sindicatos, el discreto encanto de recibir subvenciones

En el libro «¿Hay Derecho»? (Editorial Península), publicado hace unos días bajo el seudónimo colectivo de Sansón Carrasco por los cinco editores del blog que lleva el mismo título, éstos autores reflexionan sobre los problemas y las carencias del Estado de derecho, dedicando uno de sus capítulos precisamente a las subvenciones recibidas por los sindicatos.

Desde su actividad profesional como notarios y expertos juristas, explican que «el interés que defienden hoy nuestros sindicalistas parece que tiene poco que ver con el que defendían los líderes del movimiento obrero hace décadas». Así, creen que su interés pasa por mantener una estructura burocrática subvencionada y cara en la que han encontrado acomodo «simpatizantes, amigos y hasta parientes de los dirigentes», Y han ido desarrollando todo un «tejido de intereses directa o indirectamente dependientes de fondos de financiación pública que han ido separándoles de los intereses básicos que hubieran tenido que defender».

En la actualidad, la afiliación sindical en España es muy baja y tiende a caer más aún, sobre todo desde el comienzo de la crisis. Si en 2008 un 17,4% de los trabajadores ocupados estaba afiliado a algún sindicato, este porcentaje había caído al 16,4% en 2010, sobre una base todavía más pequeña por el incremento del paro. «Esta pérdida de afiliación está siendo especialmente acentuada entre los dos tradicionales sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, lo que, en un círculo vicioso, incrementa su dependencia de la financiación pública», asegura Sansón Carrasco. Precisamente, sostienen los expertos, «la recepción de recursos públicos explica la tranquilidad con que los sindicatos contemplan esta creciente desafección de los trabajadores».

Los sindicatos más representativos, junto con las patronales, son los que han gestionado hasta ahora los inmensos recursos económicos recaudados de trabajadores y empresarios bajo el concepto «formación profesional». Estos fondos se detraen de la nóminas al aplicar un 0,7% (0,1% de la parte del trabajador y 0,6% del empresario) en la base de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social. Una parte de estos recursos son gestionados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Ministerio de Trabajo, la CEOE, CEPYME (por los empresarios) y UGT, CC.OO y CIG entre los sindicatos más representativos.

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