Argentina dispone de un mes para no caer en suspensión de pagos

El Gobierno argentino, aunque tarde, ha descubierto que el juez federal Thomas Griesa no le va a permitir imponer su juego si lo que pretende es sortear el fallo –del 2012- que le obliga a pagar unos 1.500 millones de dólares a los acreedores que están en suspensión de pagos desde el 2001. Sean estos fondos de inversión especulativos o personas con nombre y apellido.

«Cualquiera que lo haga estará incurriendo en desacato»El magistrado bloqueó ayer el giro que Argentina había depositado para afrontar sus obligaciones con los acreedores que sí entraron en el canje del 2005 y 2010 con quitas de hasta el 65 por ciento. Lo hizo advirtiendo al país que esa transferencia, como sabía muy bien el Ejecutivo, era «ilegal, no puede hacerse y no puede ser permitido por esta Corte. Cualquiera que lo haga estará incurriendo en desacato». Dicho esto, Griesa pidió al Bank of New York mellon (BoNY), agente de pago, que devolviera el depósito a Argentina de donde, en rigor, aún no había salido.

La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, sabían bien lo que estaban haciendo cuando intentaron hacer esa transferencia . El fallo del juez Griesa, ratificado por la Cámara de Apelaciones y hace un par de semanas por la Corte Suprema de Estados Unidos, les dejó en claro que Argentina no puede pagar a ningún acreedor sino lo hace también con aquellos que no entraron en el canje. De intentarlo, había advertido Griesa, esos depósitos podrían ser embargados.

El desafío del Gobierno al magistrado, al ordenar el giro el jueves, pretendía dejar la pelota del desenlace frente a un posible «default» en el tejado del juez ya que si éste embargaba el dinero, el Gobierno intentaría hacerle responsable de una virtual suspensión de pagos. Griesa, mejor jugador de póquer que Cristina Fernández de Kirchner de «truco» (versión local de mus) hizo algo diferente: Bloquear, devolver el dinero y pedir que negocian mientras pueden.

Lo sorprende de este escenario es que Argentina, tras conocer que la Corte Suprema de EE UU había rechazado atender sus recursos, había terminado anunciando que pagaría «a todos» , en palabras de Fernández de Kirchner.

Las protestas iniciales y mensajes contradictorios de la presidenta y de Kicillof, tras observar cómo la bolsa y el peso se desplomaban, se tradujeron en discursos conciliadores de voluntad de pago el viernes pasado. De ese modo, el riesgo a un «default» parecía haber quedado despejado hace apenas una semana pero los últimos días la política de la Casa Rosada dio un nuevo bandazo y el discurso de barricada pronunciado por Kicillof («no pasarán», «no lo vamos a permitir» etc) resucitó en un terreno donde, de nuevo, el fantasma de la suspensión de pagos volvió a sobrevolar Argentina.

Llegado este punto, con 30 días por delante para negociar el plan de pagos con los «fondos buitres», Argentina no descarta plantarse en su posición y esperar que lluevan demandas de acreedores que reestructuraron su deuda contra el juez Thomas Griesa y los fondos de inversión especulativos, por impedir que les pagaran el cupón del lunes de unos 539 millones de dólares. Dicho de otro modo, el Gobierno podría, como hizo en un anuncio en la prensa la víspera, decir que paga pero, por causas ajenas a su voluntad, el dinero no llega a destino.

En este proceso hay un obstáculo importante a sortear. La llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que figura en la deuda reestructurada. Significa que si algún acreedor es mejorado el resto puede reclamar esa mejora. Los que entraron en los canjes del 2005 y del 2010 tuvieron una quita de hasta el 65 por ciento pero los que optaron por litigar y han ganado el juicio en EE UU reclaman el valor nominal de los bonos. Esa cláusula vence el 31 de diciembre pero podría sortearse de varias formas, una consistiría en un acuerdo entre las partes de pago a partir de enero. Para eso, disponen de 30 días.