La tensión del juez Silva en el banquillo de los acusados

Uno de los puntos de «crescendo» de intensidad se produjo cuando el presidente del tribunal que le juzga, Arturo Beltrán, le comunicó que no se aceptaba la renuncia de su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, y que, por lo tanto, el juicio continuaba. Beltrán le recordó que las leyes «exigen que los derechos se ejerciten de buena fe» y le advirtió al abogado de la defensa que podría incurrir en varios delitos si continuaba con su estrategia.

En otro momento de la sesión, Silva manifestó su renuncia a la defensa y he hizo constar que no se sentía defendido. «La última palabra la tiene el tribunal y el tribunal dice que usted siga al frente de la defensa», ha respondido tajante Arturo Beltrán. «Usted no suspende el juicio, señor Silva. El juicio se suspende por las causas tasadas que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es fraudulenta su postura», zanjó de manera tajante.

Después de que el presidente del tribunal recordase que su renuncia había sido rechazada por fraudulenta, el abogado y el acusado intentaron poner trabas al desarrollo del juicio y Silva amenazó con recusar al tribunal, especialmente a su presidente, por incurrir en un «claro desacato» a los derechos fundamentales.

«A todo efecto legal no tengo abogado y me gustaría que me dieran copia de la grabación de hoy porque no tengo constancia de que se quiera que yo ejerza mi derecho de defensa. Todavía no soy letrado hasta que no se declare así por el Colegio de Abogados», siguió revolviéndose Silva, que se ha sentido «coaccionado con acusaciones muy duras» y que lamentó que el abogado de Blesa se haya «reído» de él.

Su defensa advirtió de hecho que el caso podría llegar al Tribunal Supremo y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la salida de la segunda sesión, también añadió que su abogado no reunía las «condiciones anímicas» para ejercer la defensa y negó que su estrategia fuera retrasar el juicio hasta las europeas. «De cara a una campaña electoral es lo mejor que nos puede pasar. Lo que queremos es reglas limpias de juego», remachó.

En este juicio, el fiscal Manuel Moix pide para Silva una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.