«Las medidas del Gobierno en energía son recaudatorias y a corto plazo»

—¿No hay cierta improvisación en esta reforma?

—El gran problema del sector eléctrico es la constante improvisación de los sucesivos gobiernos. Siempre han llevado a cabo planteamientos regulatorios a corto plazo, sin pensar en el más allá. Y todas las medidas del Gobierno del PP están basadas en el cortoplacismo y la improvisación y su único objetivo es el recaudatorio. No estamos hablando de un planteamiento de hacia dónde queremos que vaya el mix energético. Las medidas no suponen un plan energético nacional serio. No se ha querido analizar el verdadero origen del problema, cómo se ha generado el enorme déficit de tarifa. Y han encontrado un chivo expiatorio: las renovables.

—Pero había que acabar con el déficit, que suma 27.000 millones.

—Es el gran problema que tiene el sistema eléctrico, que repercute en todos los agentes y provoca una reducción de ingresos, incertidumbre e inestabilidad regulatoria. Entendemos que es una situación heredada y delicada y que todos queremos resolver. Pero el grado de implicación y sacrificio que tenemos cada uno no es equilibrado. La reforma será legal, pero no equitativa. En un plato con un huevo y bacón, están implicados la gallina y el cerdo; pero una colabora y el otro se compromete. Nosotros somos los comprometidos en el caso del déficit.

—¿Cómo se ha llegado a ese déficit?

—Si ha llegado a estas cifras es porque las tarifas no han reflejado los costes reconocidos. De hecho, la tarifa eléctrica se utiliza como arma política.

—Los primeros cálculos apuntan a que la reforma recortará los ingresos de las renovables en 2.000 millones.

—No hay datos exactos porque todavía se está evaluando. El Gobierno hace suyos los planteamientos de las grandes eléctricas y cuando enfoca por dónde deben ir los recortes, va a los sectores regulados y, de forma incisiva, a las renovables. El ministro hablaba el año pasado de ajustar 1.350 millones a las renovables, ha subido a 1.750 millones en la orden de tarifas y, con los cálculos provisionales que hace el sector, estimamos que superarán los 2.000 millones. Este modo de actuar no es serio.

—Pero las renovables también han cometido errores.

—Efectivamente, el regulador, como consecuencia de su improvisación, ha cometido errores en algunas tecnologías al no esperar esa rampa de mejora tecnológica y de reducción de costes. Pero no dejan de ser errores del regulador porque nosotros en esto hemos respondido a la solicitud del Gobierno y del BOE para desarrollar unas tecnologías y cumplir un mandato europeo. Lo que nunca sale es que la gran «burbuja» que tenemos hoy y la sobreinstalación que tenemos de potencia viene dada, sobre todo, por los ciclos combinados de gas, que la han generado las grandes eléctricas, pero no al amparo del BOE y con una tarifa garantizada, sino por libre iniciativa empresarial. Pensando que se iban a dar determinados índices de crecimiento, hicieron unos desarrollos sin anticipar la planificación vinculante de España con Europa. Hay que aclarar esto porque, según el ministro y las grandes eléctricas, el problema del país son las renovables y no es así. Los ciclos son necesarios, pero no los 27.000 MW que hay instalados. Y, por cierto, a ellos les cubre hasta el 40% de la inversión a fondo perdido. Y como a eso no le llaman prima, parece que no es ayuda. Y ahora, aunque están casi paradas, reciben ese 40%. Con esa situación no se meten. En 2001 no había ningún ciclo. Y en 2007, cuando llega la crisis y la demanda no crece, se siguieron instalando ciclos.

—La reforma sigue sin sacar de los costes del sistema aquellos que son ajenos al mismo.

—En los costes regulados están incluidos muchos que no son eléctricos, como las extrapeninsulares, el bono social, la política energética, la interrumpibilidad, etc... Además, a otros costes regulados, como el transporte y la distribución, no se les trata igual. A nosotros nos ponen ese subterfugio legal de rentabilidad razonable y los llevan al inicio de nuestros proyectos. Hay instalaciones de transporte y distribución que tienen 30 o 40 años y les van a retribuir con un 6,5%, como si no hubieran existido antes. Pero a nosotros nos dicen que, en el caso de la eólica, como ya llevamos diez años con el parque, su retribución será la del mercado cuando la regulación nos cubría hasta 20 años. Por eso digo que el ajuste no es igual para todos. Estamos especialmente maltratados. Incluso, con menos energía para transportar y distribuir, sus costes acaban subiendo. Para unos hay estabilidad, así lo reflejan sus resultados y cotizaciones y, para otros, muchos de nosotros, nos dejan fuera de la circulación.

—¿Va a ser inevitable la refinanciación de numerosos proyectos?

—Esperamos que nuestros asociados nos pasen la información. Es un sector que juega con apalancamientos muy importantes y al hacer ajustes de esta envergadura no se podrá atender el servicio de la deuda. Nos encontramos que además del tema regulatorio añadimos el tratamiento fiscal. Estamos limitados en amortizar más cada año, también hay limitación para meter los intereses. Te puedes encontrar con un resultado contable negativo pero con un efecto fiscal a pagar y con el consiguiente drenaje de la caja de la empresa. Hay casos muy dramáticos. Desde luego, en una situación como esta pensar que la banca no va a aprovechar la situación para cobrar los gastos de reestructuración del crédito para luego aprovechar para revisar los costes financieros... Nos van a poner a los pies de los caballos.

—Las eólicas construidas antes de 2005 ya no cobrarán primas.

—Han estimado que con 10 años que hayan funcionado han sido capaces de recuperar su inversión y ahora solo cobrarán el precio de venta al mercado de la energía producida. Pero además, van a cobrar el precio de mercado más bajo, porque cuando la tecnología eólica produce, actúa como depresor del precio y baja. Y es cuando le van a retribuir, por lo que estamos en el peor escenario. El secretario de Estado se comprometió a tener en cuenta esta variable y no lo ha hecho.

—¿Recurrirán a la vía jurídica para frenar esta reforma?

—Como asociación, vamos a presentar alegaciones ante la CNMC. Vamos a pedir al Gobierno que nos facilite los datos de cómo ha llegado a la estimación de algunos de los costes. Si finalmente el Gobierno sigue con sus planteamientos, solo quedará la vía jurídica para cuando sea oportuno. Mientras tanto, habremos quebrado la seguridad jurídica del sector al legislar con un decreto ley, con urgencia y, sobre todo, con retroactividad. Desde el pasado 14 de julio estamos recibiendo liquidaciones que son a cuenta. Hasta el mes que viene, como pronto, no sabremos cuál va a ser la retribución de todo el pasado año.