La bancarrota de Detroit torpedea un sistema de pensiones que hace aguas

El juez Steven Rhodes afirmó el martes que la ciudad de Michigan, otrora símbolo de la industria automovilística, puede encarar un plan de reestructuración de sus deudas , que suman unos 18.000 millones de dólares .

«Esta ciudad, en su día orgullosa y próspera , no puede pagar sus deudas», dijo Rhodes. «Es insolvente. Y es elegible para la bancarrota. Ésta es, también, una oportunidad para empezar de nuevo».

Recortes en las pensiones

«Las pensiones quedan sujetas a recortes igual que las cantidades adeudadas por la ciudad con entidades financieras de Wall Street, todo está en el mismo saco», aseguró a Efe Frank Shafroth, uno de los artífices de la Ley de Bancarrota Municipal vigente desde 1988, y profesor de la Universidad George Mason en Virginia.

Detroit solicitó en julio a los tribunales poder declararse en bancarrota. Los sindicatos recordaron a la Corte que los planes de pensiones son estatales , amparados por la Constitución de Michigan, cuya soberanía está reconocida por la Carta Magna de EE.UU.

El juez sentó un precedente en el país al sentenciar que la ley federal de quiebras no tiene que respetar prebendas estatales , lo que supuso un varapalo no solo en la ciudad del motor, también en California.

En ese estado la entidad gestora de los fondos de pensiones de más de 1,6 millones de empleados públicos , CalPERS, se enfrenta con una situación similar a la de Detroit en las ciudades San Bernardino y Stockton, ambas oficialmente en bancarrota y con una disputa en marcha para evitar que las pensiones sean una deuda más.

«La decisión judicial es corta de miras y no tiene en cuenta las promesas hechas a cambio de las inversiones financieras y físicas que los empleados públicos y jubilados hacen en sus comunidades», se afirma en un comunicado emitido por CalPERS a petición de Efe.

La entidad californiana quiso dejar claro que lo ocurrido en Detroit «no es aplicable a un sistema de pensiones estatal como el de CalPERS» por no estar circunscrito a una sola ciudad e insiste en que las pensiones están protegidas por la constitución de California.

Shafroth, lejos de ser crítico, tomó el fallo de hoy como una «buena noticia». «Da a la ciudad una oportunidad para empezar de nuevo. Se estaba quedando sin dinero tan rápido que había un riesgo real de ruina en los próximos dos meses. No podían esperar más tiempo», explicó el profesor.

Los únicos que parecen tener garantizados sus ingresos son los empleados que realizan una función crítica para que la ciudad continúe funcionando de forma segura, apuntó el experto.

La situación de quiebra, que básicamente reconoce la incapacidad de la urbe para devolver sus deudas en tiempo y forma, protege a Detroit frente a sus acreedores, en torno a 100.000, y obliga a ambas partes a sentarse a negociar, lo que básicamente supone que «todos tendrán que asumir un recorte».

Jefferson, luz al final del túnel

El condado de Jefferson, en Alabama, está cerca de salir de la segunda bancarrota más larga de un organismo público de la historia de EE.UU., un proceso que ya superó en 2012 la ciudad de Central Falls, en Rhode Island, no sin antes rebajar hasta en un 55% la paga de los funcionarios jubilados.

Según un estudio publicado en mayo de 2012 por Harvard Kennedy School, los planes de pensiones avalados por los gobiernos estatales y locales arrastran «peligrosamente» una escasez de fondos que los convierte en insostenibles a largo plazo si no aumentan los ingresos públicos.

Se estima que la burbuja de las pensiones , el dinero comprometido para jubilaciones y al que no se puede hacer frente, asciende hasta 4,4 billones de dólares, con California, Illinois, Ohio, Nueva Jersey y Texas como los estados con mayores problemas

Puerto Rico, con liquidez hasta junio

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, aseguró que la administración tiene liquidez suficiente como para no tener que recurrir a los mercados hasta junio próximo, gracias a las medidas adoptadas en los últimos meses.

Su administración es estrechamente observada por las agencias de calificación internacionales, que amenazan con bajar la nota que le confieren a la deuda de Puerto Rico, situada ya en el nivel previo al bono basura con perspectiva negativa.

El gobernador ha explicado que «Puerto Rico no puede dejar de pagar porque su Constitución dice que se tendría que gastar hasta el último centavo antes de que yo dejara de pagar la deuda».

«Puerto Rico no puede ir a la quiebra porque no es una ciudad, no tiene esa opción. Además, no lo necesitamos», añadió en alusión a las comparaciones que en los mercados financieros se hacen entre la isla caribeña y la ciudad de Detroit.