La reforma de las pensiones ahorrará ya 810 millones a las arcas públicas en 2014

No obstante, estos ahorros no impedirán que el gasto en pensiones siga creciendo en los próximos ejercicios, según explicó a ABC el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. «Cada año 100.000 nuevos pensionistas se incorporan al sistema, con prestaciones más altas que las que ya están y con una esperanza de vida mayor», explica, por lo que estas medidas lo que hacen es introducir un factor de contención del incremento de ese gasto.

El «Anteproyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social», al que ha tenido acceso ABC, establece que la nueva ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, con lo que la nueva fórmula para calcular la revalorización de las pensiones se incluirá ya en los Presupuestos de 2014 y se aplicará para subir las prestaciones el próximo año. Como avanzó ayer ABC, la aplicación del nuevo índice se traducirá en una subida del 0,25% para todas las pensiones , una cuantía inferior a la que se aplicaría si las prestaciones subieran con el IPC, lo que explica ese ahorro de ya casi 1.000 millones de euros en las deterioradas cuentas de la Seguridad Social en el primer año de aplicación de la reforma.

Por tanto, a partir de 2014 la revalorización de las pensiones se determinará aplicando una fórmula que tiene en cuenta la variación de los ingresos del sistema de la Seguridad Social; la variación del número de pensiones contributivas; el efecto sustitución y la evolución de los gastos. La fórmula utilizará los datos de los cinco años anteriores, los del ejercicio en el que se aplica, y las previsiones para los cinco años siguientes.

El objetivo de aplicar esta fórmula con cifras de un largo periodo de tiempo, explica el secretario de Estado de la Seguridad Social, es poder anticiparse a las crisis y evitar oscilaciones bruscas en la evolución de las prestaciones . «Si se hubiese aplicado en 2007 y 2008 hubiéramos tenido más margen de maniobra», apunta Tomás Burgos. Y es que el sistema de la Seguridad Social acumula ya tres años de números rojos y desde el año pasado el Ejecutivo ha tenido que recurrir al fondo de reserva para pagar las prestaciones.

En ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de las pensiones inferior al 0,25% ni superior a la variación porcentual del IPC del mes de diciembre del año anterior, más el 0,25%.

Según las simulaciones realizadas por el Ejecutivo, si esta fórmula de revalorización se hubiera aplicado en los últimos quince años, las pensiones hubieran subido por encima del IPC todos los ejercicios, salvo los tres últimos. La otra pata de la reforma consiste en aplicar un factor de sostenibilidad que liga la cuantía de la pensión inicial a la esperanza de vida.

Este factor se aplicará a aquellos pensionistas que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019. Se trata, explica la memoria de la ley que se remitió ayer al Consejo Económico y Social, de ajustar la pensión inicial de jubilación a la variación de la esperanza de vida, de manera que el valor de la prestación que recibirá a lo largo de su vida un pensionistas que acceda al sistema a partir de la aplicación del factor, sea equivalente al del valor de la pensión que recibirá quien se jubile con anterioridad.

Así, en 2019 se tendrá en cuenta la evolución de la esperanza de vida en los cinco ejercicios precedentes, de modo que se puedan calcular las correspondientes tablas de mortalidad sobre datos ciertos, en este caso de los ejercicios 2012 a 2017. Se deja un año de decalaje para poder tener ya las cifras cerradas.

Aunque habrá que esperar a 2019 para tener las cifras definitivas, según las tablas de mortalidad que se barajan en estos momentos, la aplicación de este factor supondría un recorte de la pensión anual de un 0,47%. Así, a igualdad de cotizaciones, si un pensionista que se jubila en 2018 cobra una pensión mensual de 1.000 euros; el que lo haga en 2019 cobraría 995,3. Este porcentaje de reducción se aplica sólo una vez en la vida del pensionista, y es en el momento de calcular la prestación. Además ese mismo descuento se aplicaría durante cinco años, entre 2019 y 2023. Serían ya los pensionistas que se jubilen en 2024 y años sucesivos los que sufrirían un nuevo recorte de la pensión mensual, aunque en el conjunto de su vida como jubilado cobre lo mismo.

El Gobierno justifica el aplazamiento de la entrada en vigor hasta 2019 de esta medida en que de este modo se da tiempo a los futuros pensionistas a planificar sus prestaciones. Pueden cotizar más años, ahorrar en planes privados y, en definitiva, tomar medidas para planificar su futura jubilación.

El Gobierno estima que la aprobación en sus actuales términos de la reforma de las pensiones presentada la pasada semana permitirá a la Seguridad Social ahorrar 810 millones de euros ya en 2014 con la aplicación del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones. Desde 2015 estos cambios permitirían aumentar el ahorro de forma progresiva hasta alcanzar los alrededor de 5.000 millones de euros anuales a partir de 2019, cuando también entre en vigor el factor de sostenibilidad (FS), hasta 2022. En total, 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años. Así lo estima en la memoria del impacto económico del anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social remitido al Consejo Económico y Social (CES). .

Según el anteproyecto de Ley está previsto que, de aprobarse en los próximos meses el texto sin cambios de calado, en 2014 sea de aplicación ya este nuevo indicador de revalorización, que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que puede soportar. Concretamente , para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes -un total de 11 años-, a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a las prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos. Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación. El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018.

Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019 , con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. Este factor de «equidad intergeneracional» se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán -previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida- será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.

En este punto, el Ejecutivo justifica que era preferible vincular la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida antes que a otros parámetros como los años necesarios para recibir el 100% de la prestación o el cálculo de la base reguladora para evitar que esta reforma se solapara con la puesta en marcha en 2011 y que aún está afectando a estos elementos.

Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de la Seguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022. Mientras el informe de impacto del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones deja claro que la Seguridad Social ahorrará miles de millones actuando sobre la cuantía de las pensiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes en declaraciones Onda Cero que «las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad».