Desde 2014 las pensiones subirán como mínimo un 0,25% y como máximo el IPC más 0,25%
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, saluda a la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López (i), y al secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo - efe

Desde 2014 las pensiones subirán como mínimo un 0,25% y como máximo el IPC más 0,25%

El Gobierno aprobará en septiembre el proyecto de ley que regulará el factor de sostenibilidad de las prestaciones, pero no se aplicará hasta 2019

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, han presentado esta tarde a UGT y Comisiones Obreras su propuesta para aplicar el factor de sostenibilidad, que toma como referencia el informe que elaboró el comité de expertos, aunque con algunas matizaciones.

La reforma, que se llevará a cabo a través de un proyecto de ley que entrará en vigor el próximo uno de enero, afectará a dos ámbitos: la revalorización anual de las pensiones, y la adecuación de las prestaciones a la evolución de la esperanza de vida.

Los cambios referentes a la revalorización de las pensiones se aplicarán ya a partir del próximo 1 de enero ya que el año que viene la subida no estará ligada al IPC, sino a una fórmula matemática, la diseñada por los expertos, pero con unos topes. Así, según explicó la ministra a los representantes de empresarios y trabajadores, las pensiones actuales o futuras no podrán bajar, ni congelarse, sino que subirán al menos un 0,25% en las épocas de vacas flacas, mientras que en etapas de bonanza no podrán subir más del IPC más 0,25 puntos.

Según fuentes del Ministerio de Empleo, la fórmula empleada para el cálculo tendrá en cuenta la inflación media, el crecimiento de los ingresos del sistema, el efecto sustitución y el superávit o déficit de la Seguridad Social. Además, para hacer los cálculos, no se tendrá en cuenta un solo año sino una evolución de once ejercicios, los seis anteriores y las previsiones para los cinco siguientes.

La otra pata de la reforma intenta ligar la cuantía de las prestaciones a la esperanza de vida, de modo que a igual contribución, se reciba lo mismo. Esto supone que a medida que aumente la esperanza de vida, si no se aporta más, la cantidad mensual que se reciba será menor.

También en este punto se ha suavizado la propuesta del comité de expertos, que planteaban que este factor debería empezar a aplicarse entre 2014 y 2019, y el Gobierno ha decidido que no se aplique hasta el final de este periodo, 2019.

La intención del Ministerio que dirige Fátima Báñez es llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros en primera vuelta el próximo 13 de septiembre, y remitirlo al Congreso a finales de septiembre, para que pueda estar en vigor el 1 de enero.

La aprobación de estos factores de sostenibilidad no supone que en los próximos años, y en el marco del Pacto de Toledo, no pueda seguir profundizándose en la reforma del sistema de pensiones. En este sentido, se podría seguir profundizando en la separación de fuentes de financiación, y que las pensiones de orfandad y viudedad corrieran con cargo al Presupuesto, o se podría extender a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la prestación. Pero estas reformas no están ahora encima de la mesa.