Almunia obliga a armadores e inversores a devolver 3.000 millones en ayudas al naval español

«Un comisario tiene que prometer que solo va a responder al Tratado europeo y al interés general europeo, por más que conste en nuestro carné un determinado país de origen o tengamos un carné de partido o sindicato», ha justificado durante su intervención en el Fórum Europa el socialista, en respuesta a quienes le acusan de no defender ante Europa los intereses de España.

Los astilleros, exentos

Almunia ha detallado que serán los armadores y las empresas que invertían en los buques para aprovechar las exenciones fiscales derivadas del «tax lease» —Inditex y El Corte Inglés, por ejemplo—, y no los astilleros ni lo bancos financiadores, los que tengan que reintegrar esos 3.000 millones de euros. «Los astilleros no tienen la obligación ni nadie les puede exigir devolver ese dinero», ha zanjado, ante las quejas de varios miembros del sector naval, que interrumpieron su discurso y culpan al comisario de no tener ninguna voluntad de defender al sector español .

Y es que los astilleros privados del país avisan de que con esta decisión, armadores e inversores, esto es, sus clientes y financiadores, acabarán dirigiéndose contra los constructores, bien exigiéndoles esas cantidades bien dejando de encargarle nuevos buques. «Supone la defunción de la construcción naval privada española», ha lamentado el presidente de la patronal Pymar, Álvaro Lapuerta, quien ha recordado que están en juego 87.000 puestos de trabajo en los astilleros y las empresas auxiliares.

De hecho, Pymar ha detallado en rueda de prensa que mientras el año pasado recibieron 270 encargos, desde febrero de este ejercicio han notado un bajón en el número de buques solicitados por la incertidumbre de los armadores, la mayor parte extranjeros, respecto a la resolución de este conflicto.

El borrador de propuesta elaborado por Almunia, que trabaja en este asunto desde 2011 a raíz de las quejas presentadas por los astilleros de Holanda, incluye en todo caso una cláusula que protegería de ese efecto perverso a los astilleros, impidiendo que armadores y compañías les reclamen. El comisario ha detallado además que será el Gobierno español el que tenga que fijar qué armadores y qué empresas tendrán que devolver esas ayudas y cuánto dinero cada uno de ellos.

El sector naval trabaja con los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y País Vascos, los sindicatos y el Ministerio de Industria en la búsqueda de una solución. En este sentido, Pymar asegura que hay una serie de cuestiones técnicas y jurídicas «subsanables» y exigen a Almunia reconsiderar su decisión.

El Ministerio de Industria mediará

El comisario sin embargo mantiene su propuesta y reconoce únicamente el derecho del Ejecutivo español a presentar un recurso ante la justicia comunitaria una vez se adopte la decisión. Al respecto, desde la patronal del sector aseguran que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto recurrir esa decisión en caso de no resultar favorable para los intereses españoles, pero lamentan que dada la lentitud de este tipo de procesos, una vez se tome una resolución, los astilleros ya habrían cerrado por falta de actividad.

Desde el Ejecutivo popular, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha afirmado que el Gobierno «espera y desea» una rectificación por parte de Bruselas, considera que la medida supondría un trato discriminatorio «con lo que ha ocurrido en el sector naval de otros países» —en clara alusión a Francia, país al que se obligó a dejar de aplicar exenciones en 2005 pero no a devolver las ayudas usadas desde 2000— y ha alertado de que hará un daño «irreparable e irreversible» al sector y a la economía española.

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