El futuro inmediato de Miguel Blesa y del juez Elpidio José Silva

Además de estos recursos, la acusación popular tiene previsto presentar el próximo lunes «nuevas pruebas» en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que podrían servir al juez Elpidio Silva para reabrir de nuevo la causa de los préstamos concedidos a Gerardo Díaz Ferrán. Se refieren a créditos que Caja Madrid concedió a familiares del expresidente de la patronal.

Por otro lado, Blesa no debe perder de vista la Audiencia Nacional. Desde hace meses, el titular del Juzgado de instrucción número 4, Fernando Andreu, investiga la fusión de las siete cajas que dio lugar a Bankia , así como la posterior salida a Bolsa de esta entidad financiera . Esto no tiene nada que ver con Miguel Blesa, pues hacía años que había abandonado Caja Madrid.

Varias querellas

Sin embargo, en las últimas semanas se han producido novedades que sí le afectan: varias querellas presentadas con motivo de la comercialización de participaciones preferentes han sido admitidas a trámite por el juez Andreu, en contra del criterio de la Fiscalía. Una de esas querellas fue presentada por un particular e iba dirigida contra Blesa, como presidente de Caja Madrid el día en el que la caja le vendió este producto financiero, en el que invirtió 340.000 euros. El particular pide al juez Andreu que impute a Blesa y a seis de los miembros del consejo de administración de la entidad por los delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denunciar delito.

El juez también ha aceptado investigar a otros directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia, pero ha rechazado la responsabilidad en este asunto del expresidente de la CNMV Julio Segura y del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El juez Silva, bajo la sombra de la querella

La nulidad de las actuaciones decretada el jueves por la Audiencia Provincial de Madrid apuntala más los indicios que ya tenía sobre la mesa la Fiscalía para presentar una querella contra el juez por prevaricación. Si el Ministerio Público tenía alguna duda de que Elpidio José Silva dictó a sabiendas resoluciones injustas para perjudicar al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, parece que los últimos autos judiciales inclinan la balanza hacia su imputación.

Así lo aseguran fuentes jurídicas, que ironizan con que al final el juez de instrucción número 9 de Madrid va a pasar a la historia como el mejor abogado que podría haber tenido Blesa.

Lo cierto es que desde las ocho de la tarde de ayer, el expresidente de Caja Madrid está en la calle y en breve se le devolverá la fianza que prestó, de 2,5 millones, mientras que el juez está hoy algo más cerca de su suspensión cautelar y, en el peor de los casos (si se abre juicio oral y, tras juzgarle, se le condena) de su separación de la carrera. Por este mismo trance tiene que pasar ahora su compañera en Plaza de Castilla Coro Cillán , hoy suspendida cautelarmente.

Con independencia de que la Fiscalía formalice su querella contra Elpidio Silva, la propia defensa de Blesa podría querellarse contra el juez como perjudicado directo de sus decisiones. La consecuencia es la misma: hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no le suspenda cautelarmente en el marco de un hipotético procedimiento penal (lo que no sucede hasta la apertura de juicio oral), Silva seguirá al frente de su juzgado.

Cuestión distinta es cómo se salde el expediente disciplinario que el juez tiene abierto en el Consejo por dos faltas graves y una muy grave: retrasos en los procedimientos, «absoluta y manifiesta falta de motivación» en sus resoluciones y desconsideración en el trato a sus funcionarios.

Aunque la investigación sobre el instructor se podría prolongar hasta octubre (un expediente disciplinario caduca a los seis meses), es probable que el CGPJ no agote el plazo y esté en disposición de tomar una decisión sobre este juez a finales de julio, ya sea para archivar el expediente o para imponerle una sanción, que puede ir desde los 300 euros hasta la separación de la carrera judicial.

Incapacidad permanente

En 1994 el juez ya fue suspendido tres meses de sus funciones por retrasos en el juzgado en el que estaba entonces, el número 1 de Instrucción de San Roque (Cádiz). Más recientemente, en septiembre de 2010, el Consejo lo sancionó por una falta grave: desatender requerimientos de instancias superiores. Las multas fueron anuladas porque se superó el tiempo de tramitación de las mismas. Antes se había archivado un expediente de jubilación por incapacidad permanente para el servicio que le había sido incoado por el CGPJ en 2005.