Los grandes concursos de acreedores del sector inmobiliario
Las grandes inmobiliarias se han visto abocadas a recurrir a procesos concursales - abc

Los grandes concursos de acreedores del sector inmobiliario

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Más de un lustro después del gran estallido de la burbuja inmobiliaria, las deudas acumuladas y un mercado anémico siguen provocando nuevas víctimas en el sector. Ayer se conoció que Bami, presidida por Joaquín Rivero, ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores con una deuda financiera de 620 millones de euros. Además, la constructora austríaca Alpine, que pertenece al grupo español FCC, también anunció que prepara otro concurso después de que fracasaran las negociaciones para recibir una nueva inyección de liquidez. Situaciones y planteamientos que se han repetido a lo largo de los últimos años. La lista es larga, pero estos son algunos de los casos más emblemáticos.

Martinsa Fadesa

Fue la primera gran piedra que anunciaba el desmoronamiento de todo un sector, y la caída fue estrepitosa. El gigante inmobiliario, surgido de la OPA de Martinsa sobre Fadesa en 2007, entraba en concurso voluntario de acreedores acuciado por problemas de liquidez y con el grifo del crédito completamente cerrado. En julio de 2008, la inmobiliaria presentó suspensión de pagos con una deuda de 7.100 millones, el mayor concurso de acreedores de la historia en España. En enero de 2011, la empresa consiguió salir del concurso de acreedores después de que su plan de pagos y plan de viabilidad fueran apoyados por casi tres cuartas partes de los acreedores. El acuerdo permitía a la inmobiliaria afrontar su deuda financiera en un plazo máximo de diez años, a partir de 2012.

Hábitat

El exceso de deuda acumulado, impulsado en buena medida por la compra de Ferrovial Inmobiliaria, abocó a la compañía catalana, que llegó a estar en el «top five» de las promotoras españolas, a suspender pagos. Su deuda alcanzaba los 2.840 millones. En abril de 2010, apenas un año y tres meses después de presentar el concurso, la firma superó la situación tras aprobarse un convenio de acreedores que contemplaba dos alternativas: la empresa pagaría el 80% de la deuda (con una quita del 20%), de la que un 50% se abonaría en ocho años y el 30% restante se convertiría automáticamente en préstamo participativo. La segunda vía propuesta por la inmobiliaria contemplaba una espera menor, de cinco años, pero la quita alcanzaría el 70%.

Sacresa

Llegó a ser la primera inmobiliaria española después de que sus dueños, la familia Sanahuja, consiguiera controlar el 80% de Metrovacesa. Pero la historia de ambición tantas veces repetidas en el sector acabó pasando factura. La venta de activos cuando empezaron los problemas no evitó que la compañía tuviera que acabar presentando el concurso de acreedores en julio de 2010, con una deuda de 2.635 millones. Apenas dos años después, en junio de 2012, la empresa catalana superaba el concurso tras lograr el apoyo de la mayoría sus acreedores, que aceptaron una quita sobre el pasivo y la cancelación de parte de la deuda a cambio de la entrega de activos.

Tremón

La inmobiliaria presidida por Hilario Rodríguez había estado a punto de dar el gran salto a la Bolsa en 2007, pero finalmente aplazó el desembarco a finales de año porque no se daban «las condiciones adecuadas en el mercado para seguir adelante». Menos de un año después, en noviembre de 2008, el grupo presentaba concurso voluntario de acreedores. Su deuda sumaba 1.200 millones. En mayo de 2012, la compañía abandonaba la situación concursal con el compromiso de pagar el 100% de su deuda (entonces de 600 millones después de la entrega a acreedores de activos inmobiliarios) en un periodo de seis años a partir de 2015, un 10% de la deuda en los dos primeros ejercicios, y un 20% en cada uno de los cuatro años siguientes.

Llanera

La compañía valenciana, que llegó a patrocinar al Charlton Athletic de la Premier League para promocionarse entre sus clientes británicos, ha sido involuntaria y recurrente pionera en la historia de los desplomes inmobiliarios en España. Fue la primera gran firma en abrir la senda de los concursos de acreedores, en octubre de 2007. La deuda total del grupo rondaba los 750 millones. También se adelantó a la hora de lograr el respaldo de sus acreedores a su plan de pago de deuda, en septiembre de 2009. Y ha sido por último una de las primeras grandes inmobiliarias en echar el cierre y solicitar formalmente la liquidación. En mayo de este año, la compañía reconocía no poder cumplir con su plan de viabilidad y anunciaba el cese de su actividad como promotora y constructora. Algunas decisiones jurídicas adversas a los intereses de la empresa, entre ellas una sentencia del Supremo que le obligaba a pagar 21,8 millones de euros por un proyecto fallido, daban la puntilla al proyecto.

Nozar

Tras cuatro meses de negociaciones infructuosas con sus acreedores, la compañía de la familia Nozaleda presentaba la solicitud de concurso de acreedores en septiembre de 2009. Su deuda sumaba unos 700 millones de euros. Al contrario que otras grandes compañías que consiguieron superar la situación de suspensión de pagos, Nozar sigue inmersa en un proceso concursal plagado de polémicas. Los propietarios de la compañía sostuvieron recientemente que los administradores concursales tienen una posición «hostil» e inclinada «obsesivamente hacia la liquidación». Una de las últimas ofertas de la familia Nozaleda, planteada en enero, ofrecía devolver a sus acreedores sólo un 7% de la cantidad que les adeuda de manera inmediata o el 25% en un plazo de 15 años, aunque también planteaba convertir sus deudas en acciones o en préstamos participativos para evitar una quita.

Reyal Urbis

Es el último y llamativo caso, el que confirma que aún puede llover sobre mojado tras el diluvio en el sector. La compañía que controla y preside Rafael Santamaría solicitaba el preconcurso de acreedores en octubre de 2012, después de un año de conversaciones frustradas con sus bancos acreedores para renegociar una deuda que suma unos 4.300 millones. Se abría entonces un periodo de cuatro meses para intentar buscar una solución que no llegó. Un embargo de 5 millones de las cuentas de la compañia para pagar deudas derivadas de pleitos y una propuesta frustrada a la banca para lograr liquidez adicional fueron los detonantes últimos para que el pasado 20 de febrero la inmobiliaria presentara el segundo mayor concurso de la historia de España, tras el de Martinsa Fadesa. Cinco años después, la viabilidad del sector inmobiliario español se sigue escribiendo con los mismos renglones torcidos.