El comité financiero de Caja Madrid acusa a Díaz Ferrán de haberlo engañado

Caja Madrid prestó en 2008 26,5 millones a Díaz Ferrán para Marsans. La empresa marchaba viento en popa y el empresario era un cliente histórico de la caja y buen pagador, recordaron. Díaz Ferrán presentó, entre otras garantías, una inmediata oferta no vinculante por Marsans de Orizonia , que ratificó ayer, en calidad de testigo, el exconsejero de esa firma, Gabriel Subías. Además, Díaz Ferrán se comprometió a no pignorar sus acciones en Marsans, algo que hizo luego: de ahí la sensación de engaño de los directivos.

Se trata de Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Luis Crespo, Bartolomé, Matías Amat y Barcoj, todos ellos, salvo los dos últimos, aún ejecutivos de Bankia. Los tres primeros declararán hoy, y luego Amat. La acusación, ejercida por Manos Limpias, pidió que se les impute también en la causa por la compra del banco de Miami y para algunos prisión. El juez rechazó esto último, pero podría retirarles el pasaporte u obligarles a comparecer semanalmente.

Lo que Silva intuye son indicios de criminalidad en la concesión de ese préstamo. Los dos imputados admitieron una «leve irregularidad» al conceder el préstamo sin haber recibido la autorización de la Comunidad de Madrid, necesaria por ser Díaz Ferrán consejero de la caja y que llegó después. El magistrado entiende que se hizo así por ser una práctica habitual no esperar a ese visto bueno, considerado un mero trámite burocrático.

Barcoj y Bartolomé relataron la toma de estas decisiones crediticias por la caja y defendieron su proceder. Así, en el caso de Díaz Ferrán y según fuentes jurídicas, Blesa recibió la petición del empresario y este la trasladó a Bartolomé para su estudio, quien a su vez informó a Alcubilla, ex director de negocio.

Otra de las reclamaciones de la acusación es que Silva dicte prisión sin fianza contra Blesa, que entró en la cárcel y salió al día siguiente tras pagar la fianza de 2,5 millones. Sospecha que podría haberse lucrado con la compra del City mediante la compra previa de un millón de dólares con seguro de cambio. La defensa de Blesa solicitó la recusación del juez poniendo en duda su imparcialidad, acusándolo de «enemistad personal e interés personal».