Carlos Slim, en la mira de la reforma de las telecomunicaciones en México

Contempla, además, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la posibilidad de que dicho órgano regulador divida activos de empresas sospechosas de ejercer prácticas monopolísticas . Esta medida contrasta con la imagen que se quiso dar de Peña Nieto durante la campaña electoral, a quien se tachó de candidato prefabricado por los grandes consorcios de comunicación.

El anuncio tuvo inmediata repercusión en los mercados, y las acciones de América Móvil (líder de telecomunicaciones en Iberoamérica) y de Televisa (con alrededor del 70 por ciento de la audiencia en televisión abierta) registraban caídas significativas. América Móvil es el motor del imperio de Slim, el hombre más rico del mundo según «Forbes» , que controla el 70 por ciento del mercado de telefonía móvil y el 80 por ciento del de línea fija en México.

Uno de los apartados que contempla el documento es la desagregación de la red local de los agentes preponderantes en telefonía, televisión restringida e internet. Lo cual, en la práctica, obligaría a Telmex a compartir con otras empresas las redes de acceso a los hogares de sus clientes. Slim se hizo en 1990 con Telmex, compañía estatal monopólica desde su fundación en 1947.

La nueva redacción propuesta para el Artículo 6 de la Constitución estipula que «el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios».

«El péndulo se ha ido hacia el otro lado»

El secretario (ministro) de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza , resaltó que la iniciativa persigue la democratización de los medios, pues permitirá el acceso al conocimiento y el aprendizaje, además de nuevas capacidades y posibilidades de comunicación. Además habrá reglas claras y abiertas, límites a la concentración, mayor calidad y mejores costos.

Aunque los principales afectados saludaron la iniciativa y ven en ella nuevas oportunidades de negocio, la voz discordante la puso Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: «El péndulo estaba de un lado totalmente. Ahora se ha ido hacia el otro lado totalmente , con un nuevo instituto que ahora se va volver todopoderoso, va a ser juez y parte en todo lo que es comunicaciones y que le va dar ‘ñáñaras’ (repelús) al sector privado».

El anteproyecto destaca que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general. Por lo que cual, el Estado debe garantizar que éstos, incluidos la telefonía fija y móvil y la transmisión de datos vía internet, sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

El mismo criterio se aplica a los medios electrónicos, ante lo cual se permitirá hasta un 49 por ciento de participación de inversión extranjera directa en radiodifusión y se eleva del 49 al 100 por cierto su presencia en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. También se licitarán dos nuevas cadenas de televisión abierta, que deberán permitir la retransmisión integra de su señal de manera gratuita y sin discriminación.

Por su parte, los concesionarios de televisión de pago deberán retransmitir las señales de televisión abierta sin costo para sus suscriptores . Estos dos asuntos, llamados «must carry» y «must offer», parecen el único escollo para que la reforma vea el visto bueno del Legislativo. La reforma, que cuenta con el apoyo de los tres principales partidos del país que suscribieron el Pacto por México, aún debe ser aprobada por los votos de dos terceras partes del Senado.