El Gobierno cambia las reglas del juego

Una realidad que choca, según diversos expertos, con los procedimientos habituales para atajar las deudas de cualquier persona. Si un particular o una empresa tiene una deuda con la Administración Tributaria, lo normal es que, tras las presiones de los órganos de recaudación, comience en menos de un mes un periodo para ejecutarla. Según el abogado patrimonialista Pedro J. Contreras, del despacho Montero Aramburu, obtener un aplazamiento, siempre condicionado a una serie de garantías, será por un plazo «raramente superior» a tres años. Cualquier otra salida es, según Contreras, o bien una quimera (un aplazamiento con otras garantías), o bien una utopía (un aplazamiento sin exigir garantía).

Con los clubes de fútbol, sin embargo, tanto la quimera como la utopía han sido una realidad frecuente. Se han otorgado «aplazamientos de pago con periodos de tiempo muy superiores y se han concedido aplazamientos de las obligaciones corrientes de forma sistemática», afirma Contreras. El secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, entiende que «a los clubes no se les ha forzado porque ello habría llevado a la liquidación de alguno». Ello, denuncia, es una «utilización política» de la Agencia Tributaria. Esta situación, junto a la existencia de ayudas públicas a clubes, ha motivado una investigación por parte de la Comisión Europea.

La última cifra de deuda con Hacienda salió a la luz en marzo de 2012. Un total de 752 millones: 489,93 de los equipos de Primera División; 184,18 de los de Segunda División; y 78,18 de los de las demás categorías. En noviembre de 2012, fuentes fiscales informaron de que la deuda se había reducido hasta por encima de los 700 millones.

La tendencia insostenible motivó en abril de 2012 la aprobación de un plan por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) . El objetivo es acabar con las deudas en el año 2020. Según fuentes cercanas al CSD, la intención es realizar un ajuste progresivo, dada la importancia económica de la industria del fútbol: tanto en contribución de empleo e impositiva como en liderazgo de la «marca España». Según las mismas fuentes, si no se hiciera nada, pasaríamos de la actual fase de concursos de acreedores (la mitad de los equipos de Primera y Segunda están o han estado en concurso) a una fase de liquidaciones.

Según el protocolo de abril, el CSD tiene reuniones trimestrales en las que los clubes desnudan sus cuentas. Entre sus medidas está la obligación de que demuestren, al cierre del ejercicio, que no tienen deudas pendientes de pago con las autoridades fiscales.

Sin embargo, ello no es suficiente. Por eso, el CSD y la LFP aprobaron el pasado 30 de enero una normativa de control económico y financiero «a priori» que ya será aplicable en la próxima temporada. Una fecha que marcará según Miguel Cardenal, el presidete del CSD, «un antes y un después en el fútbol español». La normativa, que busca contribuir a la «sostenibilidad del fútbol profesional» va más allá de las directrices de la UEFA, cuya normativa ya ha dejado al Málaga CF sin poder jugar la próxima competición europea a la que se clasifique. A partir de ahora, habrá un «coste máximo de plantilla deportiva», obtenido según los presupuestos del club. Para que no haya ingresos inflados por los clubes, nunca podrán declararse un 10% mayores respecto al año anterior. Han llegado los penaltis.