Denuncias por estafa con Laporta como socio y gancho

El diario Ara explicaba ayer que el tenista Albert Ramos prepara acciones legales contra CSSB Limited, una sociedad que usaba el nombre de Joan Laporta y de su vicepresidente Rafa Yuste para conseguir inversores.

Bajo el liderazgo de Joan Oliver, quien fuera director general del club durante la primera presidencia de Laporta, CSSB recibió, en el caso concreto de Ramos, 100.000 € a cambio de una remuneración con un 6% de interés anual, a liquidar cada trimestre. En 2019, cuando el contrato expiraba, el tenista recuperaba los 100.000 € invertidos inicialmente. CSSB sólo abonó los intereses de los primeros cuatro trimestres (un total de 6.000 euros) y Ramos nunca recuperó sus 100.000 iniciales.

Según su abogada, Ramos picó el anzuelo porque recibió un documento en el que se informaba que los actuales presidente y vicepresidente del club participaban en la operación y eran parte de la estructura societaria de CSSB.

Laporta ha negado en diversas ocasiones su implicación en esta compañía, que es la que controló el 57% de las acciones de Reus, que quebró bajo la gerencia de Joan Oliver. El entorno de Laporta se muestra sorprendido por las acusaciones, pero el Confidencial aportó en 2017 un documento firmado por Laporta en nombre de CSSB. El documento formaba parte de las diligencias abiertas por otro presunto caso de estafa agravada, que también presuntamente consistió en quedarse con más de 400.000 euros de tres inversores privados, que se querellaron contra Laporta y Oliver en el juzgado 23 de Barcelona. Las dos empresas que cobraron el dinero fueron Core Store, SL, (200.000 euros) con domicilo hasta 2019 en el 469 de la Diagonal de Barcelona -donde tiene Laporta su despacho de abogado-; y CSSB Limited, (250.000 euros), con sede en Hong Kong. El caso se resolvió extrajudicialmente porque Laporta y Oliver devolvieron el dinero.

Éstas son sólo dos de las muchas aventuras financieras, por llamarlas de algún modo, que Laporta emprendió al finalizar su presidencia con sólo algunos miles de euros en su cuenta corriente. Mientras duró su actividad política, como diputado en el Parlament y como concejal de Barcelona, se vendía como conseguidor, aunque de lo que realmente ejercía era de curandero, es decir, de vendedor de pócimas milagreras sin milagro, y muchas veces hasta sin pócima. Su especialidad era obtener sus servicios como mediador con la administración para obtener cambios de licencias que no hacía falta ser muy inteligente para saber que eran imposibles con el poco poder e influencia del ya entonces expresidente. En esta línea de actuaciones, nunca se llegó a conocer la cantidad exacta de dinero que le fue cobrando al dueño de KKH, José María Farrés, el promotor que quiso traer a Four Seasons a Barcelona, mientras le hizo creer que iba a conseguir saltarse la moratoria hotelera impuesta por Ada Colau para que pudiera construir el famiso hotel en su edificio del Paseo de Gracia, 111. Farrés y Four Seasons no han tenido más remedio que acabar construyendo apartamentos de lujo porque lógicamente la prometida influencia de Laporta para saltarse la moratoria no sirvió de absolutamente nada.

Aún más escandaloso fue el caso de la atleta olímpica china, cuyos intereses en Barcelona representaba Joan Laporta. El presidente, con poderes generales para operar con el patrimonio de su clienta, que no reside en España, le hizo comprar y restaurar una casa en Castelldefels que casualmente pertenecía a su amigo y socio Xavier Arbós. Durante los años 2018 y 2019 Laporta intentó financiarse él personalmente presentado como aval la propiedad de su clienta, valiéndose de los poderes generales que le había otorgado, pero en su ausencia y sin una autorización expresa para tan delicada operación. Por su forma, por su fondo, y por la naturaleza y trayectoria de Laporta, la intentona causó estupor a los inversores serios a los que fue presentada y se negaron a participar en ella.

Hay más empresarios en Barcelona indignados con Oliver y con Laporta, pero que al ser en B el dinero que les dieron para invertir, no se hicieron documentos de la operación y por lo tanto es de difícil reclamación. Un caso parecido al de Albert Ramos es el del excantante de la Trinca y productor televisivo Toni Cruz, que invirtió la misma cantidad de dinero que el tenista e igualmente nunca le fue devuelto. Su caso se arregló pagando el Barça, ya que Laporta lo contrató como asesor del presidente para Barça Studios, el nombre rimbombante con que se rebautizó a Barça TV, que ha acabado cerrando.