Pifia del Gobierno en su intento de poner orden en la RFEF

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Javier Asprón

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Es justo la decisión contraria a la que se esperaba hasta pocas horas antes de la reunión, lo que indica que el Gobierno no ha encontrado ni los apoyos ni la fórmula jurídica para hacer una intervención por las bravas. En su resolución, el CSD instaba a los miembros de la gestora a limitar sus funciones a la mera administración ordinaria de la entidad -justo una de las cosas por las que aparecen denunciados en el expediente del TAD-, y retrasaba su decisión definitiva sobre Rocha hasta el próximo martes, cuando volverá a reunirse la comisión directiva. Entre medias, anunció la creación de una Comisión de Normalización, Supervisión y Representación, al frente de la cual estarían «personas independientes de reconocido prestigio», como encargada de tutelar el funcionamiento de la RFEF en los próximos meses «en respuesta a la crisis de la entidad federativa y en defensa del interés general de España».

Y es justo ese punto el que siembra de dudas la intervención gubernamental. Primero, porque el CSD no aclaró en su comunicado qué capacidad de actuación tendrá la nueva comisión, quiénes formarán parte de ella ni cuáles serán sus labores. «Es un invento que no tiene acogida en la Ley», señalan fuentes jurídicas a ABC, completamente escépticas ante la utilidad real de ese tutelaje planteado por el CSD: «Se lo han sacado de la manga y no tiene ningún valor ejecutivo».

Sobre su composición, más dudas. La idea del Gobierno pasa porque al menos dos de ellos sean figuras de renombre del fútbol español (se rumoreó con Vicente del Bosque y Virginia Torrecilla), y que el puesto de presidente lo ocupe una persona de confianza del Gobierno. El pasado martes trascendió el nombre de Irene Lozano, actual directora general de Casa Árabe y segunda presidenta del CSD en los gobiernos de Pedro Sánchez. Desde el PP temen que Lozano u otra persona afín al PSOE controle desde dentro el proceso electoral y acabe convirtiéndose en el candidato del Ejecutivo tras el verano, aunque los expertos en derecho deportivo consultados insisten en que no habría nada que controlar. «La comisión es una medida para salvar la cara porque han tenido que recular. Es un trampantojo. No es nada». La misma opinión llega desde dentro de la Federación, donde tampoco encuentran justificación a esa medida. El único artículo de la Ley del Deporte que permite actuar al CSD en las Federaciones es el 62, y se circunscribe a inspeccionar los libros y documentos oficiales y controlar e intervenir los pagos que se refieran a las subvenciones públicas.

Con todo, lo peor llegó después, cuando la FIFA y la UEFA emitieron un comunicado conjunto expresando su «gran preocupación» por la situación de la RFEF. Aseguran ambas entidades que pedirán más información al CSD sobre esa comisión. Quieren saber hasta qué punto «puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias indebidas del Gobierno».

Se trata de un asunto clave, pues demuestra que cualquier actuación del CSD debe contar no solo con el visto bueno de los dos órganos rectores, el europeo y el mundial, sino que deben ser ellos los promotores. Algo que se presuponía, y que a la hora de la verdad no ha sido así. Y las consecuencias pueden ser graves. UEFA y FIFA castigan con dureza las injerencias de los estados en sus federaciones miembro, hasta el punto de prohibir la participación de su selección y de sus clubes en las competiciones internacionales. Eso incluiría, por ejemplo, la próxima Eurocopa de la selección española o la futura edición de la Champions y la Europa League.

El comunicado no deja en buen lugar a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, ni a la ministra Pilar Alegría. Ambos han asegurado en las últimas semanas, incluso en sede parlamentaria, estar en permanente contacto con esas dos instituciones. «Hemos establecido colaboración con la FIFA para que las decisiones que se adopten, para que las soluciones que se pongan sobre la mesa, se puedan hacer de una manera coordinada», explicaba la ministra esta misma semana en el Senado. De momento, no parece que haya sido así.

Rocha, por tanto, será investido este viernes, aunque aún debe salvar un par de obstáculos. El primero, un nuevo recurso presentado por Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores Cenafe, contra su proclamación. Al igual que todos los anteriores, tampoco parece que este vaya a prosperar. El segundo es esa nueva reunión de la comisión directiva del próximo martes. Tal vez un as en la manga del CSD, que podría querer pactar para colocar un vicepresidente de su cuerda en la nueva junta directiva del extremeño pensando ya en las futuras elecciones. De no lograrlo, podría activar de nuevo la suspensión cautelar.

Y al fondo queda por resolver el expediente abierto contra él en el TAD, que sigue abierto aunque no se haya producido la suspensión. El Tribunal Administrativo del Deporte tiene tres meses para resolver si el extremeño se extralimitó en sus funciones al frente de la gestora. Si finalmente consideran que sus actuaciones constituyen una falta muy grave, se enfrenta a una inhabilitación para ocupar cargos en la entidad de entre dos y quince años. La madeja aún está por desenmarañar.