El 'índice corruptor' destapado por ABC, la prueba clave que señala a Negreira

La Benemérita utiliza como demostración de sus conclusiones el documento publicado en exclusiva por ABC el pasado 25 de marzo, donde quedaba de manifiesto la alteración caprichosa e injustificada de las calificaciones, pudiendo así decidir a su antojo las recompensas (ascensos de categoría e internacionalidades) y los castigos (descensos) a los árbitros.

El hombre en el centro del escándalo, José María Enríquez Negreira, fue nombrado vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en 1994. Empezó a cobrar servicios al FC Barcelona en 2001, aunque la Fiscalía Anticorrupción sospecha que los pagos comenzaron antes, en 1995. Lo que quedó definitivamente probado, gracias al documento obtenido por este periódico, es que podía hacer lo que quisiera con la trayectoria de los colegiados. Los dirigentes del CTA alteraban a su voluntad las calificaciones técnicas de la temporada: el examen que determinaba y justificaba el destino de los árbitros de Primera y Segunda División la temporada siguiente.

El documento que publicó ABC pertenecía a la temporada 1995-1996; refleja las puntuaciones obtenidas por los árbitros de Segunda División esa temporada. Es el borrador de la clasificación final, que se pasaba a limpio y sin tachaduras y con la cifra final. Lo manejaban entre los dirigentes del CTA. Recoge dos variables: la evaluación media de la actuación del colegiado durante la temporada (de 1 a 10) y la dificultad de los partidos dirigidos (de 0 a 2). Ambas cifras se sumaban (un máximo de 12 puntos) para establecer la puntuación del árbitro ese año (y, por tanto, su lugar en el escalafón, los ascensos a Primera División y eventuales designaciones internacionales).

La evaluación técnica viene hecha, domingo a domingo, por el grupo de informadores que asistían a cada partido (uno por encuentro, provenientes de colegios regionales distintos para mantener una apariencia de imparcialidad). La dificultad de los partidos –el segundo criterio– no venía predeterminada por la entidad o rivalidad de los equipos (por ejemplo, un Madrid-Barça o un derbi sevillano), sino por los sucesos acaecidos sobre el césped.

El problema viene después: a la derecha de las dos cifras, y antes de la calificación definitiva (la mencionada suma de la evaluación y del índice de dificultad), aparece una tercera columna llamada «VAL. CTA (valoración del CTA)»: el índice corrector, según explican fuentes arbitrales. Una cifra de 0 a 2, sin justificar, que se suma a los dos conceptos iniciales y altera completamente el escalafón de los 22 árbitros de Segunda División ese año: por poner un ejemplo, Pérez Lasa (del Colegio Vasco) pasa de ser el 17º mejor colegiado del año al cuarto. El documento está firmado por Victoriano Sánchez Arminio, presidente del CTA (fallecido este año), Negreira (vicepresidente) y una tercera persona (otro árbitro de la época) cuya identidad no ha podido ser asegurada.

La Federación Española de Fútbol aseguró en respuesta a la exclusiva de este periódico que su comité de árbitros ya no utilizaba el 'índice corrector' de la era Negreira. El propio protagonista del caso, según ha informado 'El Español', explicó ante la Agencia Tributaria que «cada semana o 15 días revisaban las actas arbitrales y puntuaban a los árbitros». Los investigadores destacan que «en función de esa puntuación» el colegiado «podía ascender de categoría». Según el vicepresidente arbitral, el CTA «disponía de un informador que revisaba si el arbitraje había sido correcto». (Como también explicó ABC días después, este cuerpo de delegados-informadores arbitrales, dependiente de la Federación y del CTA, tiene la misión relevante de evaluar el arbitraje profesional; sin embargo, el CTA coloca a veces a jueces de línea sin mayor experiencia a evaluar la labor de un árbitro en un partido de máximo nivel, sin explicar el porqué de sus designaciones).

El Instituto Armado también recoge, según el citado diario, las declaraciones de árbitros profesionales como Martínez Montoro, Albert Rodríguez y Fernández Hinojosa (que explicaron públicamente las «irregularidades en la forma de selección, designación y promoción arbitral»). Los investigadores concluyen: «En base a ello, unos informadores, a los que no se ha identificado, pero que estarían al servicio del CTA, efectuaban puntuaciones sobre los árbitros basadas, al parecer, en criterios subjetivos. Esas valoraciones, posteriormente, se entregaban a Victoriano Sánchez Arminio», que «podía modificarlas aplicando lo que ellos entienden que era un índice corruptor». Otros árbitros declarantes certificaron «que José María Enríquez Negreira era quien comunicaba y notificaba dos veces por temporada la clasificación arbitral» (algo reconocido por el propio Negreira a Radio Marca en 2018).

En efecto, Enríquez Negreira tenía una influencia decisiva en los ascensos y descensos de los árbitros a finales de temporada: en muchos casos, los comunicaba él mismo en persona después de una decisión sin transparencia alguna: ni en la puntuación obtenida por partido, ni en la clasificación, ni en el célebre índice corrector. Los descensos, cabe recordar, provocaban una inmediata mengua de la remuneración percibida por los árbitros y un obstáculo a veces insalvable para llegar a ser un árbitro de élite.

La Guardia Civil no ha encontrado justificación para las facturas emitidas por Negreira al FC Barcelona durante casi dos décadas, al no encontrarse prueba de los servicios supuestamente encargados por el club catalán. En cambio, sí confirma la «capacidad de influencia y poder de decisión» del vicepresidente del CTA sobre el arbitraje español durante la época en la que cobró más de ocho millones de euros del Barça. La sombra que proyecta este escándalo sobre la limpieza del deporte español es extraordinariamente espesa, cuando todavía no se han depurado las responsabilidades del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en otro escándalo de repercusiones planetarias.

El Caso Negreira, que ha socavado la fe en la deportividad del fútbol español y provocado varias querellas judiciales por corrupción deportiva (además de una investigación de la UEFA que pudo excluir al Barça de competiciones europeas), nació de irregularidades en la tributación del exárbitro José María Enríquez Negreira en los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018. Tras descubrirse numerosos pagos sospechosos del club culé a Negreira (en total, siete millones de euros entre 2001 y 2018) sin aumento visible de patrimonio, intervino la Fiscalía. (Luis Rubiales y Luis Medina Cantalejo, actual presidente de los árbitros españoles, tuvieron conocimiento del caso cuando era un asunto fiscal y trataron de que no tuviese más publicidad).

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha repetido varias veces que los servicios contratados a Negreira eran una práctica habitual en el fútbol español y que se restringían a análisis técnicos en formato vídeo sobre jugadores e informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional. El club, ofendido, anunció varias demandas contra periodistas y medios de comunicación por difamación y pidió a sus socios que ayuden a la caza de brujas.

Este martes, el juez que instruye el caso comunicó que aprecia una «corrupción sistémica» de los árbitros que pudo «perjudicar» al Real Madrid. El instructor señala que Negreira habría favorecido a «árbitros afine» con partidos relevantes e internacionalidades y ratifica la condición de «ofendidos» del Real Madrid y el resto de clubes que compitieron con el Barça en los años que quedan definitivamente bajo sospecha. El titular del Juzgado también ha expulsado del sumario del caso a la Federación por su vinculación con el CTA. Recuérdese que Luis Rubiales defendió en esta causa a Enríquez Negreira y afirmó que «no pintaba nada».